El 17 de octubre de este año, el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado fue hallado en el río Chubut, donde 78 días antes la Gendarmería Nacional había reprimido una protesta de la que participaba junto a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de la localidad Cushamen. El debate público, las acciones de las organizaciones sociales y de la familia, y la conducta del gobierno durante este período muestran luces y sombras sobre lo aprendido durante la democracia y ponen una alarma sobre las políticas actuales tanto como sobre las deficiencias estructurales. La familia tuvo una actitud destacable, con serenidad y firmeza, exigiendo la aparición, el esclarecimiento y la justicia. Las organizaciones de derechos humanos acompañaron e hicieron uso de los mecanismos existentes: la denuncia judicial, la movilización pública, el encuentro con funcionarios, las presentaciones ante los foros internacionales. Un “saber hacer” que nació en la última dictadura y se complejizó para enfrentar los casos de violencia policial, represión a la protesta o demandas de tierras en democracia, que incluye hacer evidente el delito y demandar a las autoridades que tutelen los derechos fundamentales. Estos son procederes de actores sociales que trabajan para fortalecer la democracia.

Por el contrario, el gobierno se manejó de manera injustificable y cumplió con el decálogo completo de la retórica negacionista. Primero, la negación absoluta, afirmando que no había sucedido lo que la familia y la comunidad denunciaban (no está probado que estuviera en el lugar de la protesta, se lo vio de mochilero en Entre Ríos, cruzó el río y se esconde en Chile, se cortó el pelo en San Luis). También se utilizó una negación interpretativa, reconociendo que algo había sucedido, pero no lo que parecía (intentó cruzar el río y sus compañeros lo dejaron, resultó herido o murió durante un ataque de mapuches a un puestero). Esta operación incluyó renominar los hechos (la Gendarmería cumplió con la ley; la Gendarmería actuó en un operativo de rutina frente a un delito; fue un enfrentamiento) y la desacreditación (Maldonado era parte de la Resistencia Ancestral Mapuche que es un grupo terrorista; los mapuches sepultaron el cuerpo para imponer la acusación; todos lo que dicen que fue una desaparición forzosa hacen una construcción política; los organismos de derechos humanos plantean la desaparición forzada porque son opositores al gobierno). Finalmente, el mensaje crucial es que lo que sucedió estaba justificado pues los funcionarios y la Gendarmería Nacional actuaron como debían hacerlo frente a una amenaza extrema (el terrorismo de la Resistencia Ancestral Mapuche, los métodos violentos) con razones morales de defensa del bien común (la paz social, el libre tránsito de las rutas). La aspiración final fue generar una apariencia de normalización del conflicto. Entonces, el cuerpo de Santiago Maldonado fue encontrado y con la evidencia de los peritajes se dijo que “se ahogó”, no fue una desaparición y muerte en el contexto de una represión violenta e ilegal¹1. Cohen S. Estados de negación: Ensayo sobre atrocidades y sufrimiento. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA, British Council; 2006..

Pero estuvo desaparecido y “¿dónde está Santiago Maldonado?” se hizo consigna en la sociedad como el eco de la figura más extrema del ejercicio violento del poder que conocen los países que pasaron por dictaduras y tienen memoria. Frente a los crímenes de Estado funciona esa caja de resonancia. Los derechos humanos han moldeado de una manera específica la democracia en Argentina en las últimas cuatro décadas hasta resultar inescindibles de gran parte de los debates públicos sobre temas políticos, económicos e institucionales. Estos han sido una bandera en la resistencia, un eje de la acción política, una consigna de movilización, un elemento en la solución de conflictos y una política de Estado. Uno de los rasgos sobresalientes del contexto actual es el fuerte ataque que han sufrido, tanto a nivel simbólico como en su reconocimiento en las políticas estatales. Quienes entienden los derechos humanos como obstáculos cuentan hoy con una parte de los recursos de poder, con los que promueven importantes retrocesos en su ejercicio. Esta realidad, aunque adquiere características particulares de acuerdo a los procesos nacionales, se desarrolla a nivel global.

En este marco resulta crucial tener una mirada reflexiva de largo plazo sobre esta relación entre democracia y derechos humanos que provea algunos materiales necesarios para la construcción de una nueva agenda de cara al presente y al futuro. ¿En qué momento nos encontramos?, ¿cuál es la agenda de derechos humanos para los años por venir?, ¿cuál puede ser el rol del ámbito académico en esa agenda?, ¿cuáles son los saberes necesarios para desarrollarla?, ¿en qué experiencias abrevaremos para llevarlas adelante?

En Argentina, la memoria de los derechos en un Estado de derecho se vincula de manera directa con la experiencia de la última dictadura militar y sus legados para el sistema democrático. Si bien en los últimos años se incorporó una historia más extendida en el tiempo de resistencias, y de crímenes de Estado, este último período presentó algunas características determinantes para la construcción institucional, entre ellas, la expresión extrema del terrorismo de Estado, la desaparición forzada de personas en forma masiva y la más absoluta inhumanidad de los métodos; pero, también, la formación y consolidación del movimiento de derechos humanos. Se trata de una historia de corto plazo tanto para un pueblo como a nivel mundial. A partir de la historia y la memoria, el activismo junto al campo intelectual y el académico han revisitado algunas discusiones clásicas sobre ciudadanía, soberanía o derechos políticos para, desde la perspectiva de los derechos humanos, comprender y enfrentar la violencia ejercida desde el Estado. Pero a partir de una participación activa de múltiples actores del pensamiento, se avanzó hacia el reconocimiento de nuevos derechos y la integración de su perspectiva en el desarrollo de las políticas públicas. Este proceso de ampliación no ha sido lineal ni progresivo, por el contrario, fue construido a partir de una agenda destinada en ciertos momentos a la resistencia, en otros, al sostenimiento y, en ocasiones, a la extensión del concepto de derechos y su cumplimiento.

Una mirada retrospectiva puede mostrarnos que la democracia argentina fue fundada, puesta en crisis, debatida y reconstruida, en gran parte, discutiendo derechos: desde la resistencia a la dictadura, cuando su cumplimiento significaba material y simbólicamente la vida, a la primera transición institucional, cuando fueron el pilar para reconstruir la norma como consenso político y las instituciones como herramientas para la resolución de los conflictos sociales. Esta relación democracia-derechos sufrió un proceso de deslegitimacion durante la aplicación de las políticas neoliberales, aunque también fueron los derechos humanos una de las formas de enfrentarlas. Este escenario conflictivo se configuró en torno a algunos ejes como el derecho internacional de los derechos humanos (la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución Nacional, la aplicación de los estándares internacionales en los tribunales locales, el intenso trabajo del activismo ante el sistema interamericano y el sistema universal, etc.); los logros de la lucha contra la impunidad (la sanción de leyes reparatorias, el reconocimiento del derecho a la verdad, la labor de identificación de nietos llevada adelante por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), las primeras iniciativas de memorialización, etc.); la visibilización y la demanda de justicia en casos de violencia policial y la demanda por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta función de resistencia perduró hasta la crisis del año 2001, cuando los derechos humanos se convirtieron en una referencia ética de lo poco que quedaba en pie, en espacio comunitario y de solidaridad, en memorias de las luchas; y que luego serían sostén de la reconstrucción institucional, de la legitimidad del Estado, las políticas y la política.

En el proceso internacional, la relación entre democracia y derechos humanos tiene su propia historia y está íntimamente vinculada al activismo y la política en Argentina. Por ejemplo, es incuestionable la relevancia que ha tenido la labor de algunos organismos de derechos humanos argentinos en la sanción de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas²2. Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas [Internet]. 2006 [citado 10 nov 2017]. Disponible en: Disponible en: https://goo.gl/vGCFsC .
https://goo.gl/vGCFsC... de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que fue aprobada en Argentina por medio de la Ley 26298, sancionada el 14 de noviembre de 2007³3. República Argentina. Ley 26298, Apruébase la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas [Internet]. 2007 [citado 10 nov 2017]. Disponible en: Disponible en: https://goo.gl/BAHWkb .
https://goo.gl/BAHWkb... y que continuaron trabajando en ella hasta su entrada en vigor en 2010. La tarea de lograr que se sancionara este instrumento fue iniciada en la década de 1980 por reconocidos líderes como Marta Vásquez de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, quienes denunciaron lo que sucedía en los foros internacionales desde un inicio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra denuncias desde 1976, no solo de desaparición forzada, sino también de prisión política y violación al derecho de libertad religiosa. El fenómeno de la desaparición forzada planificada y sistemática llegó a la Asamblea General de la ONU a mediados de la década de 1970. Entre 1978 y 1979, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, y la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías expresaron su preocupación por los desaparecidos y por la falta de información provista por las autoridades, y le solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos que tomara cartas en el asunto. En 1980 se crearía el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Theo Van Boven, jurista holandés integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, afirmó que el caso argentino fue de mucha relevancia, aunque las denuncias sobre desapariciones forzadas llegaban de múltiples países⁴4. Memoria Abierta. Testimonio de Theo Van Boven [video: AO0642]. Buenos Aires: Archivo Oral de Memoria Abierta; 2009..

La influencia del movimiento de derechos humanos argentino es aún más paradigmática en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Es probable que uno de los factores sea que Latinoamérica comparte una trágica historia social y política de crímenes atroces, de procesos de impunidad posterior y de construcción de redes sociales en torno a los esfuerzos por afrontar esos crímenes. El primer desafío del SIDH fue enfrentar las violaciones masivas y sistemáticas cometidas por Estados terroristas o en conflictos armados y amparar a las víctimas como último recurso de justicia frente a los poderes locales.

Respecto de las transiciones de los sistemas políticos, Argentina tiene una transición temprana en 1983 aunque, a nivel regional, este proceso se extiende hasta entrada la década de 1990 e incluso con regímenes excepcionales como el del Alberto Fujimori en Perú y el proceso de paz en Colombia que continúa hasta el presente. Estos procesos fueron claves para afirmar la necesidad de dar tratamiento a los crímenes del pasado y los principios vinculados al derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas; fijar los límites a las amnistías⁵5. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barrios Altos vs. Perú, 14 mar 2001 [Internet]. 2001 [citado 10 nov 2017]. Disponible en: Disponible en: https://goo.gl/GyBF1E .
https://goo.gl/GyBF1E... ^,66. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 26 sep 2006 [Internet]. 2006 [citado 10 nov 2017]. Disponible en: Disponible en: https://goo.gl/LEctA8 .
https://goo.gl/LEctA8... ^,77. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ticona Estrada y otros vs Bolivia, 27 nov 2008 [Internet]. 2008 [citado 10 nov 2017]. Disponible en: Disponible en: https://goo.gl/iWF3NL .
https://goo.gl/iWF3NL... ^,88. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco vs México, 23 nov 2009 [Internet]. 2009 [citado 10 nov 2017]. Disponible en: Disponible en: https://goo.gl/tZx1Hv .
https://goo.gl/tZx1Hv... ^,99. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gomez Lund y otros vs. Brasil (Guerrilla do Araguaia), 24 nov 2010 [Internet]. 2010 [citado 10 nov 2017]. Disponible en: Disponible en: https://goo.gl/HXABF9 .
https://goo.gl/HXABF9... ^,1010. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vs. Uruguay, 24 feb 2011 [Internet]. 2011 [citado 10 nov 2017]. Disponible en: Disponible en: https://goo.gl/rAr4Ek .
https://goo.gl/rAr4Ek... y otorgar estándares para la recomposición basada en derechos; la protección estricta de la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa; la invalidación de los tribunales militares en casos civiles y de derechos humanos; la protección del hábeas corpus; el cumplimiento de las garantías procesales y los estándares estrictos de debido proceso; el orden constitucional y la división de poderes estatales, alcances y limitaciones de la pena de muerte; la igualdad de género; entre otros.

La estabilidad del sistema político presentó luego un escenario de democracias con profundos niveles de desigualdad y exclusión, con sistemas ineficientes para garantizar derechos en instituciones violentas (como las policiales y las penitenciarias). En este marco, el SIDH ha sido un espacio para reclamar derechos, y establecer estándares para lograr una mayor realización y vigencia de los derechos humanos a nivel nacional, pero desde el enfoque de las condiciones estructurales que hacen a su violación. Esta función se ha desarrollado tanto desde el impacto sobre la jurisprudencia de los tribunales locales como desde la orientación con el enfoque de derechos de algunas políticas públicas.

Sin embargo, la democracia trajo consigo patrones de violaciones a los derechos humanos estructurales que tienen la misma gravedad que los de periodos excepcionales pero que no pueden ser abordados con las mismas herramientas de análisis o los mismos recursos del activismo. Se trata de Estados que cuentan con autoridades electas de manera legítima, que no están organizados en torno a un sistema de represión o violación sistemática de derechos pero que, sin embargo, no revierten o impiden prácticas arbitrarias en sus instituciones y que no actúan para investigar y sancionar dichas prácticas¹¹11. Pinheiro PS. La efectividad de la ley y los desfavorecidos en América Latina. En: Méndez JE, O´Donell G, Pinheiro PS, (comp). La (in)efectividad de la ley y la exclusión social en América Latina. Buenos Aires: Paidós; 2002. p. 15-31..

Algunas experiencias históricas muestran la importancia que tuvo para el abordaje de este tipo de patrones estructurales la construcción de una agenda articulada entre los organismos de derechos humanos y el ámbito académico. Desde la década de 1980, por ejemplo, la violencia policial es un problema apremiante para amplios sectores de la población. El trabajo conjunto de investigadores y activistas ha variado pero nunca cesó y produjo buena parte del conocimiento necesario para entender las formas particulares que asume el ejercicio del poder policial, su ligazón con la vida cotidiana y sus diferentes modalidades de intervención en materia de resolución de conflictos, las formas de sociabilidad y la dimensión experiencial de la distribución diferencial de la violencia y las legalidades, construir información estadística o analizar por qué esta violencia es aceptada y naturalizada. Este tipo de conocimiento producido en el marco de alianzas como la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, han incidido en algunos debates públicos como las propuestas de ley de agravamiento de penas.

La posibilidad de avanzar en derechos, en ocasiones requirió acciones de múltiples actores trabajando en redes, realizando análisis con enfoques diversos, construyeron propuestas complejas con saberes interdisciplinarios para concluir en una acción colectiva de discusión frente al Estado. El proceso de adopción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual¹²12. República Argentina. Ley 26522, Servicios de comunicación audiovisual [Internet]. 2009 [citado 10 nov 2017]. Disponible en: Disponible en: https://goo.gl/5MsTCU .
https://goo.gl/5MsTCU... es un ejemplo de ello, así como los casos en los que coaliciones de organizaciones, instituciones, universidades y otros actores sociales han participado de la elaboración de normas.

En alguno de dichos procesos el campo académico ha sido un actor central en la definición conceptual y en la construcción de un consenso en torno a ellos. Se ha configurado como un actor de relevancia en el debate con los poderes públicos, otorgando solidez y pericia técnica, pero también legitimidad a la demanda. Algunas universidades como la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) se construyeron con la impronta de educar en valores¹³13. Jaramillo A. “Laudato si” y la Universidad: La democracia no se enseña a sí misma. Viento Sur [Internet]. 2017;7(16) [citado 10 nov 2017]. Disponible en: Disponible en: https://goo.gl/PfG8FC .
https://goo.gl/PfG8FC... y así ha definido también su rol en la acción. En el caso de la referida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, la UNLa participó de la audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo el inmenso trabajo de consenso social que se había realizado, frente a los ataques que la judicializaron.

¿Cómo construir en el contexto actual una agenda en derechos humanos a mediano y largo plazo que tome como premisa la relación entre la producción de conocimiento y la agenda pública? Es necesario echar la mirada hacia atrás, realizar evaluaciones y diagnósticos de periodos más amplios, tomar en cuenta trayectorias de largo alcance y elaborar miradas complejas¹⁴14. Jelin E. La lucha por el pasado. Buenos Aires: Siglo XXI Editores; 2017.. La investigación, el pensamiento y el debate intelectual no son espacios separados, sino que configuran el escenario público junto con otros campos. El sostenimiento o la creación de programas, publicaciones especializadas, espacios de formación de investigadores, entre otros, construirá pensamiento o pondrá a disposición herramientas para que muchas organizaciones sociales puedan realizar mejor su tarea y que el debate público se nutra de la complejidad que parece faltarle. Por último, sería interesante que en la discusión de esa agenda se tomara en cuenta la potencialidad y los problemas de las redes y alianzas ya creadas para también dotarlas de nuevos objetivos y contextos.

Una agenda pública de este tipo sin duda fortalecerá la relación entre democracia y derechos humanos. La recuperación del “saber hacer” del movimiento social y de derechos humanos articulado al campo académico, el sostenimiento del saber de la universidad para educar en valores como la igualdad y el compromiso y el aprovechamiento de los conocimientos interdisciplinarios que ya están abocados al tema serán bases fundamentales para este debate.

Un mes después de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, la Prefectura Naval ingresó a otra comunidad mapuche en la provincia de Neuquén y asesinó a balazos a Rafael Nahuel un joven de 22 años que trabajaba en una herrería. El gobierno volvió a presentar los hechos como “enfrentamientos”. En democracia los mensajes oficiales negacionistas son más sutiles y producen una adecuación de la agenda pública por medio de ajustar o adecuar la realidad a sus intereses. La conflictividad en las tierras de los pueblos originarios lleva ya muchos años y recorre todo el país. Se repiten las situaciones de discriminación, arbitrariedad y violencia. Sin embargo, desde 2016 el Poder Ejecutivo instaló la política de tratar a los mapuches como grupos terroristas y construir la idea de una amenaza sobre la que actuar a cualquier costo. En este marco, se retoma la discusión sobre el uso de las Fuerzas Armadas para acciones de seguridad interior. Esta muerte en el contexto de una represión violenta e ilegal puede resignificar los debates sobre la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado. De cara al futuro será importante agudizar las discusiones que hacen a los patrones estructurales que produjeron estas violencias. Con todo ello continuará la tarea de construir las memorias de muchos otros a los que se les negaron derechos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fechas de Publicación