Las personas sin hogar: problema de salud pública

 

 

Más de una década ha transcurrido desde que el Congreso de los Estados Unidos de América aprobara la denominada Ley McKinney dirigida a proveer a personas sin hogar atención médica, alimentación, alojamiento transitorio y facilidades para acceso a la vivienda propia. Junto con las disposiciones derivadas de la Ley, se implementaron programas adicionales para ayudar a enfermos de sida, mujeres víctimas de violencia familiar y niños sin vivienda estable. Si bien billones de dólares han sido autorizados para esos fines y miles de trabajadores sociales se han esforzado por atender a los desamparados, no existen pruebas de que el número de personas sin hogar se haya reducido, de que sus problemas sean menos graves, o de que sus condiciones de salud hayan mejorado.

La relación entre las personas sin hogar y la salud pública ha sido claramente establecida por numerosos estudios que han detectado en este grupo un mayor riesgo de tuberculosis y otras enfermedades respiratorias, traumas, enfermedades mentales, alcoholismo y sus secuelas, abuso y dependencia de drogas, enfermedades de transmisión sexual, y una variedad de afecciones menores pero igualmente perjudiciales. Más aún, son los enfermos y los discapacitados los que a menudo devienen personas sin hogar. Se trata entonces de un problema de salud pública que hay que resolver con urgencia.

No es fácil censar a las personas sin hogar, pero estimaciones recientes sugieren que 7,4% (13,5 millones de personas en Estados Unidos) han experimentado la falta de hogar en alguna época de su vida. Esa situación suele deberse a varios factores determinantes: enfermedad, discapacidad, drogadicción, violencia doméstica, desafiliación o pérdida del trabajo; además, influyen otros problemas estructurales, como escasez de vivienda, políticas de ajuste, cambios en la industria, fracaso de los sistemas educacionales, racismo, insuficiente ingreso para obras de mantenimiento, etc.

Las personas sin hogar no deben considerarse una subclase, ya que muy diversos tipos de personas llegan a esa situación, aun cuando no todas comparten las mismas experiencias. Los resultados de estudios en seis poblaciones diferentes —familias alojadas en refugios de Massachusetts, ciudadanos dispersos en los Estados Unidos, enfermos mentales en Nueva York, niños en albergues para familias en Los Ángeles, jóvenes fugitivos censados en tres muestreos nacionales, y adultos sin hogar en un condado suburbano de California— han permitido comprender mejor las circunstancias que pueden llevar a la condición de persona sin hogar, y también los factores que en ocasiones han ayudado a superar esa situación.

Todavía falta descubrir los medios para erradicar el problema o por lo menos atenuarlo, ya que la solución no radica en construir más refugios, revertir políticas o asegurar atención médica a los habitantes de las calles. Ni siquiera un mejor sistema de acción social lo conseguiría, ya que existe uno muy bueno en Dinamarca, y sin embargo todavía hay personas sin hogar en ese país. Para el editorialista, es imperativo que la comunidad reconozca el fracaso colectivo de no haber conseguido que los ingredientes básicos de una sociedad civilizada sean accesibles a todos los ciudadanos. Se impone un gran cambio, y a ese fin mucho pueden contribuir los profesionales de la salud pública, si coordinan esfuerzos para primero identificar los factores de riesgo y luego prevenirlos, y si a la vez aceptan que la vivienda, la educación y el empleo son requisitos fundamentales para una vida sana. Así como las agencias de salud pública han participado activamente en otras luchas, tales como las emprendidas contra el sida y las drogas, hoy deben aventurarse en terrenos menos conocidos para debatir o investigar formas de proveer vivienda a bajo costo, implementar subsidios para facilitar su compra, rectificar políticas de desalojo y reemplazar la atención que brindaban las instituciones para enfermos mentales que se han clausurado. Si bien son muchos los frentes en que deben actuar los profesionales de la salud pública, ya ha llegado el momento de afrontar este nuevo desafío, para así poner término a una situación que es inadmisible para toda comunidad responsable. (Breakey WR. Editorial: it's time for the public health community to declare war on homelessness. Am J Public Health 1997;87:153-155).

Organización Panamericana de la Salud Washington - Washington - United States
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