RESEÑA HISTÓRICA

Coyuntura crítica y cambio institucional en salud: Argentina en los años '40

Critical situation and institutional change in the health sector: Argentina in the 1940s

Susana Belmartino1

1Lic. en Historia, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina. Doctora en Historia, Université d'Aix-Marsella, Francia. Docente-Investigadora, UNR. Miembro del Consejo de Investigaciones, UNR. susanabelmartino@hotmail.com

RESUMEN

Los años '40 fueron testigo en Argentina de profundas transformaciones en las políticas de atención médica. En esta reseña se presenta la propuesta que lideró en la provincia de Santa Fe el ministro de Salud Pública y Trabajo, Abelardo Yrigoyen Freyre, titular de esa cartera entre 1941 y 1943. El texto enfatiza la necesidad de profundizar el estudio de los procesos de cambio institucional tanto a nivel nacional como provincial partiendo de conceptos y categorías uniformes, de manera tal de potenciar la capacidad explicativa de la historia a través de análisis comparativos.

PALABRAS CLAVE Historia; Política de Salud; Planificación Sanitaria; Innovación Organizacional; Salud Pública.

ABSTRACT

The 1940s witnessed deep changes in Argentina health care policies. This summary presents the proposal led in Santa Fe by Abelardo Yrigoyen Freyre, minister of Public Health and Labor between 1941 and 1943. This article emphasizes the need to deepen the study of both national and provincial processes of institutional change, starting from uniform concepts and categories, so as to enhance history's explanation capability through comparative analyses.

KEY WORDS History; Health Policy; Sanitary Planning; Organizational Innovation; Public Health.

Las condiciones de emergencia y consolidación de los cambios en las relaciones Estado-Sociedad que caracterizan los años '40 en la Argentina -que reproducirían en tono menor las identificadas con la consolidación del Estado de Bienestar en el occidente europeo- son tema de debate en la historiografía y la ciencia política argentina. Los avances de las últimas décadas no han logrado superar algunas ambigüedades en el léxico utilizado para caracterizar ese formato institucional, que se sostiene con avances y retrocesos hasta los últimos años '80.

Aunque existe un reconocimiento generalizado de la fragmentación de los beneficios otorgados en diferentes arenas de política social como fuente de desigualdades que se suman, y en algunos casos, potencian las emergentes de las relaciones económicas, un número significativo de analistas sigue utilizando la categoría Estado de Bienestar para identificar esa institucionalidad limitada. La introducción en los últimos años de referencias al Estado Social no hace sino aumentar la ambigüedad del concepto, ya que pocos se preocupan de especificar los parámetros que justificarían su aplicación a la fragmentada y heterogénea gama de derechos sociales que históricamente se ha reconocido a la ciudadanía argentina (a).

Pocos avances se han generado igualmente en el develamiento de los procesos de cambio institucional verificados en los años '40. Sabemos mucho del antes y el después, hemos sido capaces de identificar continuidades y cambios, pero poco avanzamos en la explicación del proceso de emergencia y consolidación de las nuevas reglas de juego, en particular en lo referente a las políticas de salud y al rol cumplido por las agencias del aparato estatal en la redefinición de las relaciones entre los actores involucrados en el sistema de servicios de atención médica. El déficit se torna más evidente cuando se trata de reconstruir la historia de las políticas de salud a nivel provincial, y obtura cualquier posibilidad de avanzar en términos comparativos.

Esta reseña procura poner de manifiesto las dificultades que enfrenta el historiador cuando debe ubicar en el contexto institucional e ideológico propio de esa coyuntura, los proyectos de políticas de salud pública gestados en una administración provincial, en este caso la correspondiente a la provincia de Santa Fe.

En ese contexto histórico e historiográfico, el discurso de Abelardo Yrigoyen Freyre reúne sin duda méritos para ser calificado como documento digno de atención (b). En términos cronológicos se ubica en el proceso de salida de una muy compleja coyuntura histórica; en el registro institucional expresa el pensamiento de quien se autorreferencia como titular del primer Ministerio de Salud Pública y Trabajo instituido en el país; en el campo de las ideas, sistematiza una serie de referentes vinculados a la incorporación del calificativo social como identificador de nuevas preocupaciones emergentes en la práctica y el conocimiento médicos.

EL REGISTRO INSTITUCIONAL

Los referentes institucionales que Yrigoyen Freyre defiende tendrán amplia vigencia en el pensamiento social, político y sanitario argentino a lo largo de décadas: el derecho a la salud, la responsabilidad del Estado en garantizar su ejercicio, un enfoque integral de la medicina como única forma organizativa idónea para efectivizarlo. Aboga en consecuencia por la conformación de un sistema de servicios único, a cargo del Estado, con unidad de comando a nivel nacional, con distribución geográfica acorde con la presencia de población y estratificado según niveles de complejidad, acceso igualitario gratuito a la atención médica y a condiciones de vida dignas para la totalidad de la población. Dotado, además, de un sistema técnico administrativo único y unificación de la historia clínica.

Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que no estamos escuchando la voz de un visionario, recogiendo las primeras manifestaciones de un pensamiento innovador. La preocupación por definir las nuevas bases doctrinarias que sustentarían la reorganización de los servicios de atención médica se manifiesta en el país a partir de los años '20, en paralelo a la constatación del agotamiento de las formas organizativas vigentes. Un consenso relativamente amplio evaluaba como inoperante la actividad del Estado en la gestión de las organizaciones del sector público y en la regulación de la actividad privada. Una lectura crítica de la cuestión jurisdiccional que sancionaba la autonomía de las provincias en materia de salud pública, la ineficacia e ineficiencia resultante de la fragmentación observable en las modalidades de organización y financiamiento de la atención médica, problemas relacionados con la producción y utilización de medicamentos, cuestiones apremiantes de policía sanitaria y otros temas relativamente menores conformarán una agenda de cuestiones que en los años '30 llega a la opinión pública a través de los medios y contribuye a redefinir la perspectiva con la cual técnicos y políticos abordan la problemática de salud/enfermedad/atención médica.

Las coincidencias en el diagnóstico acerca de las falencias no facilitan los acuerdos sobre posibles bases organizativas. La reiteración de vocablos como coordinación y unidad de comando oculta sólo parcialmente las diferencias en torno a los significados que se les atribuyen. La demanda que se vuelca sobre el Estado no supone coincidencias sobre los alcances y límites de su intervención. El discurso antiestatista, también presente en el debate, se desdobla al menos en dos vertientes: la que reivindica al individuo como entidad soberana cuyas prerrogativas no deben ser anuladas en nombre de cualquier tipo de interés superior, y aquella que, aun defendiendo la prioridad otorgada a los intereses del conjunto, propone una perspectiva antiburocrática y descentralizadora.

En los años '30 es posible identificar algunos enfoques que se reiteran en muy diferentes escenarios -el parlamento, las agencias del ejecutivo, el movimiento gremial médico, el movimiento mutualista, la prensa, las publicaciones especializadas- a medida que las bases conceptuales de organización de la presencia estatal en el sector se adecuan de manera paulatina a principios que empiezan a generalizarse en la discusión internacional sobre políticas sociales. Se habla de planificación, de integración de prácticas preventivas, de un posible abordaje integral del problema orientado a vincular trabajo, previsión, asistencia social y atención médica. En lo relativo a la búsqueda de mayor eficacia en la atención hospitalaria comienza a hablarse de regionalización, en el sentido moderno de organización según diferentes niveles de complejidad vinculados por mecanismos de referencia y contrarreferencia. También se pronuncian quienes defienden la prioridad a otorgarse a la atención primaria, la confección de historias clínicas y la reducción de las estadías en internación (c).

LA MUTACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE SALUD/ENFERMEDAD

En paralelo con el debate sobre la necesidad y adecuación de nuevas formas organizativas, es posible reconocer algunos cambios significativos en las representaciones que la sociedad construye en torno a problemáticas vinculadas con la enfermedad. Ese registro también está presente en el discurso de Yrigoyen Freyre cuando historiza los fundamentos de la nueva institucionalidad que promueve. Su relato se inicia con los avances en la identificación de la etiología microbiana en las últimas décadas del siglo XIX, para datar el comienzo de lo que caracteriza como la era profiláctica de la medicina. En completa sintonía con la perspectiva optimista resultante de considerar al pensamiento científico como un instrumento infalible de promoción del bienestar, rescata además una conclusión socialmente significativa de los avances en ese campo: en la medida en que se profundiza el conocimiento de la etiología de la enfermedad, la medicina habría abandonado su preocupación dominante por el tratamiento del individuo enfermo y proyectado su intervención sobre el conjunto social. El siguiente paso es anunciado bajo condiciones de necesidad ineludible: la inclusión de la problemática referida a procesos de salud/enfermedad/atención médica en la agenda de gobierno, en estrecha vinculación con las funciones orientadas sobre problemas económicos y sociales, políticos y educacionales.

El excesivo sincretismo de ese recorrido puede ser redimensionado con alguna información complementaria.

En primer lugar debo reconocer que Pierre Rosanvallon, en su análisis del desarrollo del pensamiento vinculado al reconocimiento de los derechos sociales en Francia, avala en parte la afirmación de Yrigoyen Freyre cuando adjudica importancia decisiva a la transformación producida en la manera de concebir los vínculos intrasocietales como consecuencia de los descubrimientos de Pasteur. Conforme su interpretación, "la revolución pasteuriana entraña una mirada diferente de la sociedad sobre sí misma, modificando completamente la representación anterior de las relaciones entre lo individual y lo social". En su opinión, la revolución científica resultante de la teoría microbiana habría otorgado fundamento a una nueva filosofía social: el "solidarismo". Poniendo en evidencia la interdependencia existente entre los seres vivos, habría demostrado hasta qué punto cada individuo depende de la inteligencia y la moralidad de los otros (3, p. 171).

Tal como he argumentado en trabajos anteriores, la idea, aunque estimulante, no puede aplicarse sin matices a las condiciones de la salud pública en Argentina. Sin duda, las enfermedades infecciosas constituían, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, una amenaza reconocida para la salud de las poblaciones, tanto urbanas como rurales. Sin embargo, una concepción de la enfermedad basada en la doctrina del contagio y convencida de la eficacia insuperable de la desinfección ubicaba en el exterior de la sociedad las causas de los procesos mórbidos.

La identificación del agente patógeno permitirá describir y catalogar al enemigo, al mismo tiempo que indica el producto químico más eficaz para su destrucción. El vocabulario militar se adecúa perfectamente a la concepción del problema: enemigos externos, ataque, defensa, ofensiva, campañas, plan. El arsenal sanitario imprescindible, la organización eficaz, descansa en el uso generalizado de la estufa de desinfección.

Las autoridades del Departamento Nacional de Higiene enfatizan en los primeros años del siglo la necesidad de elaborar una "base científica" (4, p.19), para el mejor conocimiento de las condiciones de desarrollo de endemias y epidemias. La estadística se convierte así en instrumento primario de la lucha contra la enfermedad, ya que permite conocer la índole y distribución del agente patógeno y planear la estrategia más eficaz para combatirlo.

Sólo en paralelo, las condiciones de la higiene urbana estimularán, en las primeras décadas del siglo XX, la introducción de matices a esa concepción de la enfermedad como algo exterior al conjunto social, cuando comiencen a difundirse las directivas de la llamada Higiene Social. El calificativo social, que primero se aplica a la higiene y algo más tarde también a la medicina, remite en un primer momento al reconocimiento de la existencia de enfermedades sociales, cuya emergencia no puede vincularse de manera exclusiva con la presencia de un agente: bacilo, germen o virus, y por lo tanto requieren estrategias particulares para evitar su difusión. El alcoholismo, las enfermedades venéreas, la prostitución, las toxicomanías, cubrirán a lo largo de la primeras décadas del siglo la mayor parte de la conceptualización de la enfermedad referida a lo social.

La conciencia del peligro colectivo resultante de conductas individuales desviadas respalda la medicalización del espacio urbano. Las nuevas reglas se plasman en ordenanzas coercitivas o inundan revistas y manuales de todo tipo, orientados a la educación popular. Esta concepción que vincula lo social a dificultades en la integración o socialización de los miembros de la comunidad tendrá vigencia sostenida. Los análisis estadísticos que procuraban poner de manifiesto la incidencia de la pobreza en la emergencia de estas desviaciones no aportaban información concluyente que autorizara nuevas hipótesis de causalidad.

A lo largo de los años '20 los estudios generados a partir de la preocupación ante la mortalidad generada por la tuberculosis permiten sin embargo exhibir algunas certezas: causa los mayores estragos entre las clases indigentes y en los distritos más poblados, se afirma; también se utiliza como evidencia algunos estudios que verifican una asociación entre precios de los alimentos y nivel de los salarios por una parte, y mortalidad por tuberculosis por la otra (5).

En 1933 se propone la creación de la Comisión Nacional de la Tuberculosis. En la fundamentación del proyecto presentado a la Cámara de Diputados se habla de la necesaria solución "de los problemas de higiene social y de economía que actúan como factores determinantes de la enfermedad" (6, p.25). En el respectivo debate se ampliará el argumento: "Siendo la tuberculosis enfermedad de carácter eminentemente social, hay que oponer a su avance medidas de la misma índole: la acción contra el flagelo no será completa hasta tanto las condiciones de vida de la clase trabajadora no alcancen el nivel que corresponde" (7, p.342).

Con objetivos en parte coincidentes, también se proponen como necesario objeto de preocupación del Estado todas aquellas enfermedades que puedan causar invalidez o incapacidad, reclamando la acción dirigida a resguardar esa invalorable posesión colectiva que se identifica con la expresión capital humano: "El capitalbrazo y el capital-inteligencia que el obrero incorpora a la empresa, valen más que el capitaldinero y merecen por tanto igual solicitud para su conservación" (8, p. 810). El valor económico de la vida humana, fundamento de la concepción neoclásica de intervención del poder público en la preservación de la salud, se reitera a lo largo de los años, ya en paralelo, ya en combinación con otras fundamentaciones de raíz ética.

¿Qué significa entonces lo social cuando se habla de procesos de salud/enfermedad? En una síntesis forzosamente esquemática podrían recuperarse las siguientes dimensiones: en un primer momento, peligro, amenaza, relajamiento de costumbres, daño moral. Resultaba simple pensarlo en el caso del alcoholismo o de las enfermedades venéreas. Podía reconocerse la existencia de ambientes o condiciones que predisponían al ser humano a exponerse a una situación potencialmente riesgosa. Para atenuar ese riesgo a nivel de la conducta individual, se propone una estrategia educativa que supone alertar sobre el peligro, estimular el impulso de preservación. Las prácticas desviadas podían suponer también situaciones riesgosas para el conjunto, que en tal caso se consideraría investido del derecho a la coerción. Higiene social y moral prácticamente se identifican: los postulados de una disciplina refuerzan el imperio de la otra.

Sin embargo, hay una enfermedad que escapa a ese marco: con la tuberculosis no es posible apelar al recurso de culpar a la víctima. No será suficiente formular reglas éticas para tranquilizar la conciencia de los sanos, ni preservarse tras la policía de costumbres para alejar el temor al contagio. Será necesario ocuparse de la vivienda obrera, de las condiciones de trabajo en fábricas y talleres, de la alimentación de los sectores populares, del aislamiento de los enfermos. Las exigencias de la profilaxis superan los recursos de la medicina. Ya no puede hablarse solamente de cuestiones científicas: se trata de un problema social y este vocablo diferencia las ramas de la medicina o de la higiene que se ocuparán de proponer soluciones y levantar barreras ante la infección. Por último, la crisis económica por un lado, la guerra europea por el otro, potencian la importancia otorgada a la preservación del "capital humano". Argentina necesita trabajadores que impulsen la producción y soldados dispuestos a tomar las armas si fuera necesario. Lo social remite entonces a otro significado del vínculo solidario, centrado en el esfuerzo común, la integración al mercado de trabajo, la expansión de las posibilidades de producción y consumo.

No parece necesario recuperar en este espacio la paralela transformación de las perspectivas sobre asistencia y previsión social, que he desarrollado ampliamente en otro lugar (d). Me interesa sin embargo datar en torno a los primeros años '40 el momento en que asistencia y previsión se confunden en la fundamentación de proyectos de seguro, incorporando un matiz diferente a la idea de solidaridad. Conforme a esta concepción, el edificio social se levantaría sobre tres columnas: el Estado, los empleadores y los trabajadores; tres conjuntos solidarios en función de los intereses recíprocos que los vinculan. Estado y empleadores deben contribuir a la amortización del "capital-hombre"; los trabajadores deben también integrar su aporte para exigir como derecho aquello que han contribuido a financiar. La preservación de las generaciones futuras y el justo reconocimiento del trabajo ya realizado insertan la asistencia al niño y la pensión al anciano en la idea integradora de la solidaridad (10). A partir de estos avances, el vínculo solidario no estará ya limitado a la esfera privada de la organización mutual, al seno de la sociedad civil. Se lo ha politizado, incluyendo en el interés y el compromiso de asistencia recíproca la presencia antes elusiva del poder estatal.

Por otra parte, es necesario enfatizar que esta breve reseña destinada a recuperar algunos significantes no sintetiza un proceso lineal, fácilmente datable, sin contradicciones ni retrocesos, como sugieren las expresiones de Yrigoyen Freyre. Los diferentes referentes ideológicos parecen estar presentes desde el comienzo; los cambios son modificaciones en el énfasis, en la asociación de diferentes contenidos, en el peso de cada uno de ellos en el discurso de los principales actores.

Es muy probable que diferentes líneas de pensamiento confluyan en algún punto a través de contactos recíprocos que no hemos podido identificar. Sin disponer de evidencia concluyente sobre la posible vinculación entre tales procesos, considero plausible asociar estas transformaciones en los referentes asociados a salud-enfermedad-atención médica con los cambios en el abordaje de la denominada cuestión social, y el paulatino reconocimiento de que la respuesta al problema debía ir más allá del control y la represión para ser abordada en clave política.

Estos cambios en las representaciones colectivas no se producen de manera mecánica ni impactan en forma inmediata en las respectivas instituciones. Es posible sin embargo tenerlos en cuenta como elementos del multiforme proceso de politización de lo social, reconocible en estos años, que Juan Carlos Portantiero ha recuperado en sus trabajos. También Portantiero, entre otros, incorpora un elemento adicional de esta dinámica compleja cuando señala una mutación en las relaciones Estado-sindicatos a partir del crecimiento de la corriente "sindicalista" en las filas gremiales, más favorable a entablar relaciones directas con el Estado (11,12).

LA CUESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL

Es posible considerar una hipótesis que vincule este punto de confluencia de nuevas representaciones sociales sobre la enfermedad y la atención médica que puede reconocerse a lo largo de los años '30 con la mutación de las relaciones Estado-sociedad que se afianzará a partir de los '40.

Sin embargo, aun cuando el historiador pueda construir una hipótesis favorable a la conformación de un consenso orientado a aceptar como necesaria la intervención reguladora, la nueva doctrina carece de impacto sobre las prácticas políticas registradas a nivel nacional hasta el golpe militar de 1943. De allí el interés por recuperar la experiencia santafesina, donde ese impacto tuvo al menos un principio de institucionalización.

El interés historiográfico de la propuesta de Yrigoyen Freyre no radica por consiguiente en sus contenidos, sino en el lugar desde donde se enuncia y el cargo que detenta su enunciador. Es esa base institucional la que permite identificar una de las primeras manifestaciones del proceso de cambios que modificaría sustancialmente las bases doctrinarias y políticas de la actividad estatal en salud a partir de los años '40 del siglo XX. Para llegar a mayores precisiones, puede ser necesaria una aproximación a las estrategias de reforma de la salud pública desarrolladas en Santa Fe entre 1932 y 1943.

DOCTRINA E INSTITUCIONES EN LA EXPERIENCIA SANTAFESINA

Si nos atenemos al diagnóstico que se formula en la Cámara de Diputados provincial en 1932 (13), en ocasión de debatirse la Ley de Sanidad de la Provincia (nº 2287/1932), la situación sanitaria santafesina reproduce las condiciones generales dominantes en ese momento en el país: sólo en las grandes ciudades existe una organización destinada a controlar las posibles amenazas a la salud pública, la regulación del ejercicio profesional no se adecua a las necesidades derivadas de las transformaciones de la práctica médica y farmacéutica, no hay estadísticas confiables sobre la distribución de las principales endemias y los conflictos jurisdiccionales obstaculizan cualquier acción eficaz ante posibles epidemias.

En la fundamentación de dicha ley, las dificultades se relacionan con la inoperancia del Consejo de Higiene provincial, cuya acción se vería obstaculizada por falta de atribuciones para actuar en el interior de las jurisdicciones municipales, conflictos de competencia e insuficiencia de recursos. Por su parte, las municipalidades y comisiones de fomento, cuya autonomía en materia de sanidad sancionaba la respectiva ley orgánica, tampoco pueden cumplimentar su función por falta de recursos técnicos y materiales. El nuevo organismo creado en consecuencia, la Dirección General de Higiene, avanza sobre las autonomías locales y se inscribe bajo las palabras de orden del momento: centralización, cabeza única, plan.

En lo que se refiere a la salud pública, se afirma, la legislación moderna se ubica en una franca tendencia hacia la unidad. Si el derecho político puede sostener a ultranza las autonomías, es necesario tener en cuenta que la difusión de enfermedades infecciosas no reconoce límites por jurisdicción (e). Conforme esa perspectiva, la ley atribuye al nuevo organismo gubernamental amplias facultades, entre las que se cuenta el derecho a intervenir "por autoridad propia en toda cuestión que afecte la higiene pública de las Municipalidades y Comisiones de Fomento" (Ley nº 2287, art. 6º).

Tras el interregno que significó la intervención del gobierno central a la administración demoprogresita de la Provincia (1935-1937), en 1938 se dicta la Ley nº 2608 de Asistencia Hospitalaria y Social, que establece un plan de construcción de hospitales conforme criterios de regionalización y diferenciación por niveles de complejidad. Un año más tarde, en octubre de 1939, se discute en la Legislatura santafesina la creación del Departamento de Salud Pública de la Provincia (Ley nº 2858/1939). La consideración del proyecto actualiza en ambas cámaras el debate abierto en la sanidad argentina en torno a las propuestas de unificación y coordinación.

El diagnóstico parece tener, nuevamente, aceptación generalizada. "La falta de cohesión, la dispersión de energías, exige multiplicación de esfuerzos y no permite obtener de la atención que se presta, la eficiencia deseada" (14, p. 826). Esa aceptación, sin embargo, se presentará matizada con algunas reticencias: el reconocimiento de la actividad de las organizaciones de beneficencia y la necesidad de permitirles conservar su independencia; las dificultades resultantes de la escasez de técnicos en condiciones de desarrollar una función crecientemente especializada (f).

Los proyectos de reforma de la sanidad santafesina registran un nuevo avance en 1941 con la creación del Ministerio de Salud Pública y Trabajo. En su organización interna se diferencian dos áreas: los problemas relacionados con la salud pública y la asistencia social se ubican a cargo del Consejo General de Sanidad, mientras que los vinculados con el trabajo y la producción corresponden al Consejo General de Economía (g). Tras el golpe de junio de 1943, la intervención en la provincia mantiene esa estructura bajo la titularidad de Carlos Alberto Lambruschini.

La obra realizada en el ámbito santafesino se reconoce como fértil. En los años que corren entre el censo hospitalario de 1936 y el realizado en 1945, el número de hospitales en la provincia pasó de 43 a 114 y las camas, de 4.667 a 6.700. De los 62 pequeños hospitales rurales proyectados se construyeron 58; 32 de ellos se habilitaron antes del golpe de junio de 1943 y los restantes entre esa fecha y 1945. La onda expansiva se prolonga durante el gobierno peronista a partir de 1946 y Santa Fe llega a 1951 con un número de camas hospitalarias cercano a las 11.000 (2).

A MODO DE CONCLUSIÓN PROVISORIA

¿Es posible fundar sobre la ampliación de la capacidad hospitalaria y los avances en la doctrina salubrista -no concretados en nuevas formas organizativas- el reconocimiento de la temprana emergencia de una forma precoz de Estado Benefactor en Santa Fe?

En mi opinión, la información disponible sólo permite concluir sobre la presencia de un importante antecedente de lo que sería pocos años más tarde el proyecto fundacional del primer gobierno peronista.

Yrigoyen Freyre estuvo al frente del Ministerio de Salud Pública y Trabajo entre julio de 1941 y junio de 1943. Algunas expresiones de su discurso lo vinculan con el sector del gremialismo médico que en esos años defendía la propuesta de oficialización de la medicina (h). La referencia que introduce en su discurso con relación al Dr. Victorio Monteverde, en ese momento presidente de la Federación Médica, puede interpretarse como un gesto de reconocimiento hacia su auditorio. Sin embargo, también es posible recordar que fue el mismo Dr. Monteverde el que tejió la frustrada alianza de la conducción del gremialismo nacional con el coronel Perón hacia 1944, condenada a naufragar en las convulsiones de octubre de 1945. Es factible que un acercamiento de características similares con otros protagonistas haya sido el origen de la responsabilidad asignada a Yrigoyen Freyre por el gobierno santafesino. Es posible también que la construcción de un nuevo formato institucional requiriera vínculos más amplios y más sólidos entre actores estatales y nuevos actores sociales, y la experiencia santafesina terminara asumiendo una trayectoria dependiente de las decisiones políticas tomadas a nivel nacional.

Figura 1. HACIA UNA SANIDAD INTEGRAL. CONFERENCIA DE ABELARDO YRIGOYEN FREYRE PUBLICADA EN LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN MÉDICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. AÑO 1941.

















Fuente: Revista de la Federación Médica de la República Argentina. 1941;1(7):15-40.

NOTAS FINALES

a. Por mi parte he defendido en diferentes trabajos la utilización de la categoría Estado de Compromiso introducida por Francisco Weffort en sus análisis sobre Brasil (1, cap. 4 )

b. Dado que es un texto de difícil acceso, se reproduce a continuación del presente artículo, la conferencia titulada Hacia una sanidad integral, pronunciada por el Dr. Abelardo Yrigoyen Freyre en la Federación Médica de la República Argentina, en el año 1941.

c. Mayor información al respecto puede encontrarse en Belmartino et al., (2).

d. En Belmartino et al. (9), puede encontrarse información relativa a las representaciones colectivas sobre salud/enfermedad/atención médica en las primeras décadas del siglo XX.

e. Conforme las disposiciones de la Constitución provincial de 1921, los municipios de primera categoría (Santa Fe y Rosario) tenían facultad para dictar sus propias cartas constituyentes, en las que se reservaban el poder de policía sanitaria.

f. Un análisis detallado de ese debate puede consultarse en Belmartino et al., (2, p. 46-49).

g. El Ministerio conserva este organigrama hasta junio de 1946. En esa fecha se crea la Secretaría de Trabajo y Economía, transformada poco más tarde en Ministerio de Trabajo y Economía (Ley nº 3139/1946). En 1949, la sanción de una nueva Ley de Ministerios (nº 3489) establece una nueva denominación, instituyendo el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

h. Las diferentes corrientes programáticas identificables en el interior del gremialismo médico a lo largo de los años '30 han sido desarrolladas en Belmartino et al., (15).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Belmartino S. Historia de la atención médica argentina en el siglo XX. Instituciones y procesos. Buenos Aires: Siglo XXI Editores; 2005.         

2. Belmartino S, Bloch C, Carnino MI, Persello AV. Fundamentos históricos de la construcción de relaciones de poder en el sector salud. Argentina, 1940-1960. Buenos Aires: Oficina Panamericana de la Salud; 1991.         

3. Rosanvallon P. L'État en France, de 1789 à nos jours. París: Éditions du Seuil; s/f. p. 171 [Traducción de Susana Belmartino]        

4. Departamento Nacional de Higiene. Anales. 1911; XVIII, nov/dic.         

5. Cámara de Diputados de la Nación. Diario de Sesiones. 1928, 2 de julio; reunión 8ª          .

6. Cámara de Diputados de la Nación. Diario de Sesiones. 1933, 5 de mayo; reunión 2ª          .

7. Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones. 1933, 31 de mayo; reunión 9ª          .

8. Cámara de Diputados de la Nación. Diario de Sesiones. 1924, 29 de septiembre; reunión 47ª          .

9. Belmartino S, Bloch C, Persello AV, Quiroga H. Las instituciones de salud en la Argentina liberal. Desarrollo y crisis. Buenos Aires: Ed. Secretaría de Ciencia y Técnica; 1987.         

10. Cámara de Diputados de la Nación. Diario de Sesiones. 1941, 29-30 de noviembre; reunión 57ª          .

11. Portantiero JC. La crisis de un régimen: una mirada retrospectiva. En: Nun J, Portantiero JC, compiladores. Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina. Buenos Aires: Puntosur; 1987.         

12. Portantiero JC. La democratización del Estado. En: La producción de un orden. Ensayos sobre la democracia entre el Estado y la sociedad. Buenos Aires: Nueva Visión; 1988. p. 65-92.         

13. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Diario de Sesiones. 1932, 21 de octubre; T.II 48ª sesión extraordinaria.         

14. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Diario de Sesiones. 1939, 13 de octubre; 8ª sesión extraordinaria.         

15. Belmartino S, Bloch C, Persello AV, Carnino MI. Corporación Médica y Poder en Salud. Argentina, 1920-1940. Buenos Aires: Oficina Panamericana de la Salud; 1988.         

Recibido el 4 de mayo de 2007
Versión final presentada el 28 de junio de 2007
Aprobado el 10 de julio de 2007

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