ARTÍCULOS

De racismos, esterilizaciones y algunos otros olvidos de la antropología y la epidemiología mexicanas

Of racism, sterilization and some other oblivion of Mexican anthropology and epidemiology

Eduardo L. Menéndez1

1 Doctor en Ciencias Antropológicas. Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México. Coordinador del Seminario Permanente de Antropología Médica (SPAM).
emenendez1@yahoo.com.mx

RESUMEN

En los últimos años se observan tanto en trabajos epidemiológicos como antropológicos desarrollados en México, la presencia de ciertas orientaciones técnicas y metodológicas similares que tienden a dejar de lado problemas y factores importantes en la descripción y análisis de diversos procesos de salud/enfermedad/atención (PSEA), así como a tergiversar datos y formular interpretaciones que tienen poco que ver con los procesos que realmente ocurren en la realidad estudiada. Dichas orientaciones serán descritas y analizadas a través de tres procesos: a) la escasa o nula inclusión del racismo en el estudio y análisis de los PSEA; b) las distorsiones de los datos e interpretaciones generadas por parte de los estudios de género respecto de una parte de las violencias, y c) la exclusión de ciertos aspectos y en particular de la subjetividad en las interpretaciones dominantes sobre las características e incrementos de los homicidios en México. Se proponen interpretaciones particulares y de conjunto y se subraya la necesidad de utilizar un enfoque relacional en el estudio de los PSEA.

PALABRAS CLAVE: Racismo; Esterilización; Género y Salud; Epidemiología; Antropología.

ABSTRACT

In the last years, epidemiological and anthropological works developed in Mexico, have shown the presence of certain similar technical and methodological orientations which tend to leave aside important problems and factors in the description and analysis of different health/sickness/attention processes (HSAP). These orientations also tend to distort data and formulate interpretations that have little to do with the processes that really occur in the reality studied. Such orientations will be described and analyzed through three processes: a) the scarce or inexistent inclusion of racism in the study and analysis of HSAP; b) the distortions of the data and interpretation generated by the studies of gender regarding one part of the violence; and c) the exclusion of certain aspect and in particular, the subjectivity in the prevailing interpretations about the characteristics and increases of the homicides in Mexico. Particular and joint interpretations are proposed and the need to use a rational approach to the study of HSAP is highlighted.

KEY WORDS: Racism; Sterilization; Gender and Health; Epidemiology; Anthropology.

En los últimos años, tanto en trabajos epidemiológicos como antropológicos desarrollados en México, se observa la presencia de ciertas orientaciones técnicas y metodológicas similares que tienden a dejar de lado problemas y factores importantes en la descripción y análisis de diversos procesos de salud/enfermedad/atención (PSEA), así como a tergiversar datos y formular interpretaciones que tienen poco que ver con los procesos que realmente ocurren en la realidad estudiada.

Por lo cual, en este trabajo se analizarán algunas de estas similitudes, que se potencian para limitar la capacidad descriptiva e interpretativa no solo de cada disciplina en particular, sino de un posible enfoque complementario. Y así, por ejemplo, si bien sabemos que la epidemiología y la antropología médica se preocupan por los procesos de salud y enfermedad, y que ciertas tendencias y autores proponen la necesidad de trabajar sobre la salud, lo cierto es que la casi totalidad de los estudios e intervenciones de ambas disciplinas se realizan sobre enfermedades y padecimientos.

Toda una serie de notables salubristas, como Sousa Campos, han propuesto que el objetivo de la salud colectiva es producir salud, de tal manera que deberíamos trabajar no solo sobre la enfermedad:

...sino invertir también en el fortalecimiento de los sujetos. No solo en su dimensión corporal conforme la tradición en salud pública (por ejemplo: vacunas), sino pensarlos como ciudadanos con capacidad de reflexión y autonomía. (1)

Con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero a partir de asumir que la casi totalidad de los estudios y de las intervenciones clínicas y salubristas –y también antropológicas– no producen ni trabajan sobre la salud sino sobre la enfermedad, por lo menos entre nosotros.

Si bien los estudios epidemiológicos y socioantropológicos realizados en México sobre la distribución de los padecimientos o el significado de los mismos, toman en cuenta los procesos sociales, se observa que la mayoría de la producción mexicana de ambas disciplinas (a) utiliza muy escasamente los procesos económico-políticos, pese a la pertinencia que tienen para la compresión y/o intervención respecto de problemas de salud prioritarios.

Las similitudes se expresan especialmente a través de la forma en que ambas disciplinas producen gran parte de sus datos, ya que los obtienen básicamente de la palabra de los sujetos estudiados. Es decir, producen y trabajan básicamente con representaciones sociales y no con las prácticas de dichos sujetos. La mayoría de los datos que producen surgen de encuestas en el caso de la epidemiología, y de entrevistas individuales, de técnicas similares a los grupos focales y de producción de "narrativas" en el caso de la antropología médica. Y esto tiene lugar más allá de las invocaciones al uso de la observación, incluida la observación participante, dado que su aplicación es cada vez más escasa o directamente inexistente.

Ambas disciplinas se caracterizan –salvo contadas excepciones– por no desarrollar estudios ni intervenciones que tomen en cuenta la presencia de procesos raciales y, sobre todo, racistas que afectan especialmente a ciertos grupos sociales mexicanos. Más aún, existiría una suerte de negación ideológica del racismo en nuestras sociedades, al que solo tendemos a reconocer en lo que pasa con los latinoamericanos en los EE.UU., o en ciertos países europeos donde serían sometidos a prácticas racistas de diferente tipo. Si bien dichos procesos existen y se habrían incrementado en los últimos años, ello no niega que las actitudes racistas, especialmente respecto de ciertos grupos, se den también entre nosotros y en forma constante.

Como sabemos, las altas tasas de homicidios han caracterizado, por lo menos durante todo el siglo XX, a la mayoría de los países de Latinoamérica, constituyéndose en una de las regiones con mayores tasas de asesinatos; que si bien han ido descendiendo durante la segunda mitad del siglo XX, en algunos países se han incrementado notablemente, de tal modo que en la actualidad nuestra región es la que presenta las tasas más elevadas de homicidio a nivel mundial. Pero en los estudios sobre violencias, y en particular sobre homicidios, observamos una tendencia a dejar de lado procesos que consideramos decisivos para interpretar el significado y sentido de las violencias.

Y por último, en ambas disciplinas domina un enfoque metodológico a-relacional que coloca el peso de las descripciones y de las explicaciones en un determinado actor social y no en las relaciones que operan entre los diversos actores significativos que intervienen en los diferentes PSEA. Lo cual se observa especialmente en el caso de los estudios de género.

El dominio de éstas y otras características conduce a descripciones empíricas y a interpretaciones teóricas que están sesgando las realidades estudiadas. Por razones de espacio, en este trabajo se analizarán únicamente las que tienen que ver con el racismo, el género y los homicidios, no solo por la significación actual de los procesos señalados, sino porque tanto los datos como las interpretaciones respecto de cada uno de estos aspectos se potencian y posibilitan sacar conclusiones de conjunto sobre las tendencias y consecuencias de estas maneras de describir e interpretar los PSEA.

LAS SILENCIOSAS EUGENESIAS LATINOAMERICANAS ACTUALES

Como ya se señaló, ambas disciplinas se caracterizan por no tomar en cuenta en sus estudios e intervenciones un fenómeno de la importancia del racismo, el cual caracteriza gran parte de las relaciones sociales desarrolladas entre nosotros y, especialmente, algunas organizadas en torno a los PSEA, como son las relaciones entre personal de salud y pacientes, especialmente en el caso de la población indígena.

Por lo menos en México, los grupos indígenas –o como quiera denominárselos–, constituyen la población que tiene los peores indicadores y condiciones de salud en términos de morbilidad y de mortalidad, dado que cuentan con las más altas tasas de mortalidad general, de mortalidad infantil, de mortalidad preescolar, de mortalidad materna, así como también con la menor esperanza de vida. Gran parte de la mortalidad se debe a las denominadas "causas evitables", especialmente relacionadas con la gastroenteritis y las enfermedades respiratorias agudas. Dichos grupos son los que presentan los mayores índices no solo de desnutrición sino también de

hambre. Son además los grupos que tienen menos acceso a los servicios de salud de tipo biomédico (2,3).

Desgraciadamente, por lo menos en México, contamos con muy pocas investigaciones epidemiológicas sobre estos grupos, y gran parte de los datos surgen de inferencias obtenidas de la distribución de la población en términos de localización rural/urbana. A partir de estos datos, las autoridades sanitarias mexicanas han reconocido esta situación y han señalado, por ejemplo, que un niño nacido en Chiapas tenía –a principios del 2000– un 50% de posibilidades de cumplir un año de vida comparado con un niño nacido en la ciudad de México o en Nuevo León. El riesgo de muerte materna era 40% más alto en las áreas rurales que en las urbanas, y la desnutrición dos veces y media mayor en el medio rural (3). Y lo que es más grave, dichas diferencias negativas siguen acentuándose en lugar de disminuir.

Si bien han descendido las tasas de mortalidad general y etarias, y se ha incrementado la esperanza de vida de los miembros de los grupos étnicos, en términos comparativos sigue siendo el sector que presenta las peores condiciones de salud y de atención a la enfermedad. Lo cual constituye una expresión del racismo que domina no solo a nivel de ciertos sectores sociales, sino también del Sector Salud.

Diversos estudios, especialmente en el campo de la salud reproductiva, han señalado la discriminación respecto de la población indígena ejercida por el personal de salud. Desgraciadamente, estos estudios dedican muy poco espacio a la descripción y análisis de estas discriminaciones.

El racismo es uno de los hechos más negados por nuestras sociedades latinoamericanas pese a su presencia en toda una variedad de procesos y especialmente a través de múltiples aspectos del PSEA. No obstante su significación, el racismo, por lo menos en México, no ha sido incluido sino en forma anecdótica en los estudios epidemiológicos y en los estudios sobre los servicios de salud. Más aún, el racismo no es utilizado como indicador epidemiológico, no forma parte de los programas y menos todavía de las acciones de salud, a pesar del peso que tiene en la aplicación de determinados programas, sobre todo en ciertos contextos sociales (4,5). Y algo similar podemos decir de los estudios antropológicos en general, y no solo de los referidos a los PSEA (6).

Toda una serie de antropólogos –en los que me incluyo–, de epidemiólogos, de médicos clínicos, hemos observado en México episodios de racismo, a veces en forma casi cotidiana. Antropólogos dedicados a estudiar PSEA en grupos étnicos han observado prácticas racistas durante cinco, diez o quince años, pero en sus estudios y publicaciones no dan cuenta de estos procesos, o solo lo hacen marginalmente.

Entre los años 1977 y 1981 coordiné una serie de modestas investigaciones sobre autoatención y varias de ellas describieron y analizaron materiales observados en los medios de comunicación masiva, especialmente, en periódicos, revistas –en su casi totalidad femeninas– y programas de televisión. Uno de los "hallazgos" que más nos impactó fue observar que los sujetos que aparecían en los mensajes publicitarios de los diferentes medios eran en su casi totalidad no solo blancos sino rubios. Prácticamente no se pudo encontrar sujetos que presentaran rasgos indígenas; situación que se mantiene hasta la actualidad.

Por lo tanto, la omisión del racismo es grave por múltiples razones, especialmente porque en nuestros países americanos se han aplicado –y se siguen aplicando– políticas eugenésicas que afectan especialmente a ciertos grupos sociales. Durante las décadas del '60 y '70, miles de mujeres fueron esterilizadas sin consentimiento en los EE.UU.; dichas mujeres eran de origen afroamericano, mexicano, puertorriqueño y amerindio (7).

Pero además, desde la década del '40 miles de mujeres fueron esterilizadas en Puerto Rico, y así, en una encuesta realizada durante los años '50 se encontró que el 21% de las mujeres entrevistadas habían sido esterilizadas (8).

En la década del '90, particularmente durante el lapso 1996-1998, se calcula que entre 250.000 y 280.000 mujeres de origen indígena y habitantes de barrios urbanos pobres fueron esterilizadas en Perú (9-11). Si bien este es posiblemente el hecho latinoamericano más analizado y denunciado en las últimas décadas, debe asumirse que las esterilizaciones –básicamente de mujeres– se fueron convirtiendo en el método de planificación familiar más utilizado en gran parte de los países de la región; a tal punto que según los datos de la Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) realizada en Brasil en el año 2006, el 81% de las mujeres casadas o sin pareja estable pero sexualmente activas, utilizan algún método anticonceptivo, de las cuales el 29% están esterilizadas y en un 5% están esterilizados también los varones (12). A su vez, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, aplicada en Colombia en el año 2005, indica que la esterilización de mujeres constituye también la principal técnica anticonceptiva, ya que al 31% de las mujeres les han realizado salpingoclasias (13).

Según Figueroa y Aguilar (14), en México, la esterilización femenina era en 1976 la técnica anticonceptiva utilizada por el 8,9% de las mujeres en edad fértil junto con un 0,6% de vasectomías, constituyendo la tercera técnica utilizada con mayor frecuencia. Pero a partir de 1987 pasa a ser la técnica de mayor uso ya que más del 36% de las mujeres reconocen utilizarla; tendencia que se acentuó cada vez más, dado que en 1997 el 44,7% de las mujeres declararon haber sido intervenidas quirúrgicamente para imposibilitar el embarazo (15).

Si bien las esterilizaciones en México fueron aplicadas a personas de todos los sectores sociales, Bronfman y Castro (16) señalan a fines de la década del '80 que:

Los datos de una encuesta realizada en México muestran que en el período 1970-1981 se hicieron en ese país 1.300.000 esterilizaciones femeninas, de las cuales el 75% fueron realizadas por los servicios de salud del sector público. (16 p.65)

Estos autores señalan que las esterilizaciones son aplicadas especialmente a los sectores rurales y urbanos más desfavorecidos, lo cual es subrayado por distintos documentos:

Tanto el informe sobre Chiapas como los datos de la Encuesta Nacional Demográfica de 1982, parecen dar evidencia de la concentración de la práctica de esterilización en ciertos grupos de la sociedad. (16 p.66)

Textos e informes académicos y profesionales dan cuenta de este proceso de esterilización en diversas regiones del país, especialmente en algunos estados caracterizados por el alto porcentaje de población nativa, como es el caso de Yucatán, donde la esterilización constituía ya en 1992 la principal técnica anticonceptiva. Para 1997 el 44,9% de las mujeres en edad fértil de este estado habían sido esterilizadas, el 78% por el sector público y el 22% por el sector privado (17).

Desde fines de los años '80 se inician las denuncias del incremento de las esterilizaciones en México, de las cuales algunas son formuladas a nivel internacional, como es el caso de un documento elaborado por la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos que cuestiona el informe presentado por el gobierno mexicano a la Quinta reunión sobre derechos del niño realizada en 1993. En dicho documento se denuncia que en México 528.000 mujeres fueron esterilizadas sin haber recibido información sobre métodos anticonceptivos:

De un total de 2.300.000 personas esterilizadas, un millón no firmaron consentimiento para la operación, y una de cada seis no recibió consulta médica previa. (18 p.7)

En marzo del 2004 varias organizaciones indígenas denunciaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) y el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), ambos del Estado mexicano, condicionaban –especialmente en las zonas de población indígena– la entrega de dinero y de servicios a que los usuarios se sometieran a esterilizaciones o ingirieran falsas vitaminas como parte de las acciones de planificación familiar.

A partir de noviembre del 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite cuatro recomendaciones sobre la violación de los derechos de salud reproductiva de grupos indígenas, denunciando las acciones de esterilizaciones de mujeres y de varones llevadas a cabo por los servicios oficiales de salud. La más completa fue la cuarta recomendación (19) formulada en diciembre del 2002, la cual presentaba casos de indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz quienes desde finales de los años '90 informaron a la CNDH casos de violación a sus derechos reproductivos –básicamente esterilizaciones– de mujeres y de varones indígenas (20-22).

La Recomendación General 4 de la CNDH (19) denunciaba las prácticas administrativas de la Secretaría de Salubridad (SSA) que constituían una violación al derecho de consentimiento informado de las mujeres indígenas, interpelando a la SSA sobre qué había hecho el Sector Salud para cumplir con las normas del consentimiento informado; a lo cual la SSA respondió que el 21 de enero de 2004 se modificó la Norma Oficial Mexicana para asegurar que no se apliquen sin consentimiento las técnicas anticonceptivas permanentes; es decir, las esterilizaciones.

No obstante, a principios del 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas trató la cuestión de las esterilizaciones en México denunciadas por las ONG, analizando sus políticas de planificación familiar especialmente a través de los informes de la CNDH mexicana, concluyendo que en México existía una práctica sistemática de esterilización de las poblaciones indígenas (23 p.4).

Dichas acusaciones, tanto a nivel nacional como internacional, fueron negadas por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Salud, del Programa Oportunidades, del Programa Procampo, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pese a que, por lo menos en casos específicos, el Sector Salud reconoció no solo su intervención sino la responsabilidad del personal de salud, como fue el caso de las vasectomías aplicadas a catorce varones de la zona de La Montaña del estado de Guerrero (24).

Unos pocos analistas han tratado en México la cuestión del consentimiento informado compulsivo y/o inducido respecto de las esterilizaciones. Mientras que en algunas encuestas realizadas a mujeres esterilizadas surge que ésta es la técnica que la mayoría de ellas prefiere, otros trabajos concluyen que por lo menos parte de ellas están arrepentidas de haberse esterilizado, y en otros aparece que parte de las esterilizaciones fueron inducidas. Lo que ha dado lugar a la discusión sobre si la decisión de la esterilización está en las usuarias/os o en las instituciones de salud (14,16,25).

En entrevistas que hicimos a personal de salud que aplicó estas acciones durante las décadas del '80 y '90 en tres estados mexicanos, los mismos reconocieron no solo la gran existencia de recursos materiales y humanos con que contaban los departamentos de planificación familiar en esos años, por lo menos en algunos estados, sino también la presión a esterilizar y la utilización de estímulos materiales al personal de salud para aplicar dicha técnica. Otros informantes señalaron que la presión no se canalizó a través de estímulos materiales sino de coerciones corporativas utilizadas por los directores de clínicas y centros de atención primaria. Pero según todos nuestros informantes, el personal de salud no tenía noción de las implicaciones racistas ni humanitarias de sus actividades. Las veían como parte normal de su trabajo médico, máxime cuando formaban parte de las actividades oficiales del Sector Salud.

Ahora bien, las políticas de planificación familiar fueron reorganizadas en México a partir de 1974, cuando se resolvió impulsar fuertemente el uso de técnicas anticonceptivas, incluida la esterilización y la aplicación de dispositivos intrauterinos (DIU), evidenciando no solo una notable continuidad hasta la actualidad sino también logrando los objetivos propuestos; es decir, reducir fuertemente la tasa de natalidad. De tal forma que la media por mujer pasó de seis hijos a mediados de 1970 a una media de 2,1 hijos por mujer en la actualidad.

Dicho éxito –además de evidenciar la notable eficacia del Sector Salud oficial y de otras instituciones asociadas–, se consiguió a partir de aplicar toda una serie de actividades que en lo fenoménico aparecen como separadas, pero que realmente constituyen parte de una estructura de intervención planificada. Y de las cuales las más significativas son:

a) utilizar el momento del parto en mujeres cada vez más jóvenes para realizar la esterilización;

b) reducir la esterilización casi exclusivamente a mujeres;

c)  incremento paralelo del número de cesáreas tanto a nivel privado como oficial, dado que se aprovecha la cesárea para esterilizar;

d) aplicar ciertas intervenciones quirúrgicas que también contribuyen a esterilizar a la mujer.

Según el informe de Pedro Sánchez Escobedo et al. (26):

Dos intervenciones muy comunes en la mujer yucateca de edad media son la histerectomía y la salpingoclasia. La histerectomía es la extracción quirúrgica del útero usualmente debido a un proceso mórbido. La salpingoclasia es el bloqueo de la permeabilidad de las trompas de Falopio con el propósito de evitar el embarazo. El primero es elegido, y el otro es decidido externamente [y agregan] ambos producen la pérdida de la capacidad reproductiva de la mujer. (26 p.6)

Los autores señalan que la Secretaría de Salud informó que durante 1995 en todas las clínicas de la ciudad de Mérida se realizaron 2.656 oclusiones, y en todo Yucatán hasta 1994 el 40,8% de las usuarias estaban esterilizadas, constituyendo –como ya se indicó– el método más utilizado de planificación familiar. Advierten además que no hay datos sobre el número de histerectomías, dado que no es considerado un método de planificación familiar, aun cuando son aplicadas intensamente, como lo destacan los autores.

Ahora bien, las esterilizaciones comenzaron a ser planteadas como problema a nivel nacional por unos pocos autores, especialmente por J. G. Figueroa a partir de fines de la década del '80. Y desde principios de los años '90 son denunciadas a nivel nacional e internacional por diversas ONG, algunas de las cuales trabajan con población indígena. Incluso, el 28 de mayo de 1996 se organizó el Tribunal para la Defensa de los Derechos Reproductivos, donde:

...se presentaron los casos de 16 mujeres que fueron violentadas en sus derechos reproductivos por diversas instituciones públicas y privadas. (27 p.187)

Durante la segunda parte de la década del '90 fue un tema tratado a nivel de denuncia especialmente por la prensa feminista, pero esta agitación momentánea, de la cual fue parte el citado Tribunal, no se reflejó en la producción de estudios, informes, publicaciones, ni redujo –por lo menos durante esta década– los efectos perversos de ciertas actividades de planificación familiar. La falta de denuncias activas por parte de la mayoría de las ONG mexicanas que trabajan en particular con salud reproductiva contrasta con el activismo de una parte de las ONG peruanas que justamente realizaron investigaciones, las publicaron y difundieron lo que estaba pasando en su país.

Es notable la falta de estudios sobre esterilizaciones femeninas y masculinas, desarrollados por los diversos grupos que estudian género o que manejan enfoques feministas a pesar de que una parte sustantiva de los mismos se han dedicado a procesos que tienen que ver con salud reproductiva y con violencias –incluidas las violencias sexuales– contra las mujeres. Más grave aún es el hecho de que contamos con gran cantidad de estudios y publicaciones sobre embarazo, parto y puerperio así como sobre aborto, embarazo no deseado o mortalidad materna, pero la casi totalidad de ellos no describen procesos de esterilización, o solo hacen escasas referencias a los mismos, pese a estar realizados en grupos y regiones donde las estadísticas oficiales indican una fuerte aplicación de salpingoclasias.

Esto no niega la existencia de algunos estudios específicos, ni que el problema es reconocido por varios especialistas. Pero la mayoría de los que hacen referencias a esterilizaciones se caracterizan por citar este hecho para luego dedicarse a estudiar en profundidad la mortalidad materna, las violencias contra la mujer o las técnicas del parto o el aborto.

Cardaci (28) estudió la producción de cuatro de las principales instituciones dedicadas a estudios de género en México (el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México; el área Mujer, Identidad y Poder de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco; el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara) y no encontró investigaciones, cursos, seminarios, tesis o becarios que trataran la problemática de la esterilización. Aunque hay que recalcar que estas carencias se observan también en el campo de los estudios demográficos.

En los múltiples y frecuentes cursos, seminarios, mesas redondas dedicados a la mujer y en particular a la salud reproductiva, prácticamente nunca aparecen las esterilizaciones como temática a desarrollar. En por lo menos dos oportunidades (2004 y 2009) sugerí a los organizadores de una serie de conferencias sobre la salud de la mujer, la inclusión de las esterilizaciones como temática, sin resultados positivos.

Llama la atención que los grupos dedicados al estudio de la mujer y especialmente de la salud reproductiva, tampoco investiguen el incremento de cesáreas, sobre todo cuando las mismas pasaron de constituir el 3% de los partos en la década del '70 a ser más del 35% de los partos en la actualidad; es decir, las políticas procesáreas son correlativas de las políticas proesterilización. Es más, una parte creciente de estudios y de denuncias se han referido a las violencias contra las mujeres, sin embargo se han concentrado en las violencias de los varones contra las mismas, sin incluir las violencias del Sector Salud cuyo personal esterilizó a por lo menos el 45% de las mujeres en edad fértil.

Pese al notable desarrollo y continuidad del programa de planificación familiar/salud reproductiva en México y al intenso uso de las esterilizaciones, no contamos con una epidemiología de las esterilizaciones en términos de su distribución según género, edad, pertenencia étnica, nivel socioeconómico, religión, etc. Pero casi no contamos con estudios antropológicos que incluyan el sentido y significado de estas esterilizaciones para quienes las decidieron, para quienes las aplicaron y para quienes las sufrieron.

Como sabemos, las esterilizaciones en EE.UU. se aplicaron como parte del programa contra la pobreza, y en América Latina dentro de los programas de planificación familiar y de salud reproductiva, pero también se implementaron a través de programas contra la pobreza como el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) y el Programa Oportunidades. Y aunque es obvio, debemos recordar que en ambos casos dichas esterilizaciones fueron aplicadas por personal de salud.

Farmer ha propuesto recurrentemente incluir el racismo como parte central de una epidemiología del VIH-sida y de la tuberculosis broncopulmonar, pero dicha propuesta no ha tenido repercusión en la epidemiología ni en los estudios sociológicos realizados sobre estas enfermedades. Farmer y Castro consideran al racismo como parte de la causalidad y de las condiciones de atención de estos padecimientos, y especialmente como parte sustantiva del sufrimiento de la población en general y en particular de las personas pobres y enfermas (29-32). Por lo tanto, es importante que una epidemiología de la esterilización no solo incluya el racismo, la cuestión del consentimiento informado y la distribución por género, sino especialmente la situación de pobreza y marginación de nuestros grupos étnicos, así como también de otros grupos sociales.

TERGIVERSACIONES O DESCONOCIMIENTOS: EL CASO DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO

No contamos con estudios sobre toda una serie de PSEA, pero además no se realizan investigaciones epidemiológicas ni antropológicas sobre problemas de los que reiteradamente se habla. Carecemos en nuestros países de una epidemiología de la tortura, y no solo de aquella que ocurre en períodos más o menos excepcionales, sino de la que se aplica cotidianamente.

Cuando en 1985 organicé el primer número de la revista Nueva Antropología (33) dedicado a Antropología Médica, se publicó un trabajo de Yarzábal (34) que describía en términos epidemiológicos la tortura como enfermedad endémica en Uruguay. El mismo fue cuestionado por varios antropólogos y epidemiólogos aduciendo que no era una problemática correspondiente a sus respectivas disciplinas.

La falta de estudios –y más aún de acciones– sobre éstos y otros PSEA, expresan el peso de orientaciones técnico/científicas e ideológicas que caracterizan nuestra producción de conocimiento.

Y así, por ejemplo, en el caso ya citado del racismo y los PSEA se observa una preocupación y desarrollo de estudios por parte de la epidemiología brasileña en los últimos años que contrasta con la prácticamente negación del problema por parte de la epidemiología mexicana.

Basta contrastar la producción epidemiológica a través de las investigaciones y de las reflexiones de sus salubristas y clínicos, así como de la producción de las principales revistas salubristas mexicanas y brasileñas, para observar estas tendencias diferenciales (35-37).

Recordamos que el análisis e interpretación de estas "ausencias" es también parte del trabajo de una epidemiología sociocultural.

El tipo de enfoque que se propone aquí, no solo busca incluir procesos, problemas y perspectivas como los señalados, sino que busca también cuestionar los estereotipos que se constituyen tanto a nivel del saber de los grupos sociales, como a nivel de los estudios profesionales sobre los PSEA; lo cual hemos desarrollado especialmente respecto del saber médico y paramédico sobre el "alcoholismo" (38,39), pero también respecto de problemáticas estudiadas en particular por los denominados estudios de género.

Gran parte de estos estudios –y también de las intervenciones–, especialmente los desarrollados en torno a la salud reproductiva y a las violencias contra la mujer, tienen por objetivo revelar no solo determinados riesgos de la salud de la mujer y encontrar soluciones a los mismos, sino también denunciar las desigualdades y falta de equidad existentes en casi todos los campos; especialmente en términos de los PSEA. Más aún, una parte de los estudios promueve el empoderamiento femenino en términos del cuerpo de la mujer, pero también de otras posibilidades sociales y políticas.

Estas luchas y estudios posibilitaron la visibilidad, la discusión y la búsqueda de soluciones para toda una variedad de problemas de salud sufridos por la mujer. Y gran parte de esas luchas y estudios se hicieron en nombre de las desigualdades de género y de la eliminación de las mismas, y especialmente de las que afectaban negativamente la salud y el cuerpo femeninos. Lo cual, y lo subrayo, considero no solo necesario sino urgente.

Pero este énfasis en la salud diferencial de la mujer, así como en la inequidad, contrasta con la situación de salud del varón, que por lo menos en un país como México presenta aspectos mucho más negativos que los de la mujer en aspectos epidemiológicos cruciales. El varón mexicano tiene una tasa de mortalidad a nivel general y en todos los grupos etarios más alta que la de la mujer, y en algunos grupos notoriamente más alta. La mujer tiene además una esperanza de vida de casi seis años de diferencia con el varón; incluso, según evaluaciones del Sector Salud la mujer tiene una esperanza de vida saludable de 64 años mientras en el varón solo es de 60 años (3,40).

Ahora bien, uno de los procesos en que más han insistido –y con razón– los estudios de género, tanto a nivel antropológico como epidemiológico, es el de las violencias generadas contra la mujer. Más aún, han recalcado especialmente los asesinatos de mujeres, lo cual condujo a acuñar el término "feminicidio" y que las "muertas de Juárez" se instaurara como frase emblemática que, a nivel nacional e internacional, expresa justamente el papel de las violencias contra las mujeres en términos de homicidio.

De los estudios y reflexiones realizados en términos de género, surge entonces que las mujeres serían los principales sujetos no solo de las violencias sino de los homicidios. Ahora, si bien no cabe duda de que existen violencias de todo tipo del varón contra la mujer, y que dicha violencia puede traducirse en asesinatos, el principal problema en términos de violencia homicida, incluso en Ciudad Juárez, no es el de los feminicidios sino el de los asesinatos de varones. Según estudios realizados específicamente sobre las muertas de Juárez, en dicha ciudad desde 1985 a 1997 hubo un total de 1.625 homicidios, de los cuales 192 fueron de mujeres y 1.433 de varones (41), de tal manera que si bien el 11% de las asesinadas son mujeres, el 88% son varones (42) (b).

Y esta no es una peculiaridad de Ciudad Juárez, ya que en América Latina, incluido México, si bien los varones matan mujeres, la mayoría de los asesinos, pero también de los asesinados son varones. El 90% de los asesinatos en la región, incluido México, es de varones contra varones, y solo menos del 10% corresponde a asesinatos de mujeres por varones (3,40,43-45).

Esta tendencia se ha reiterado históricamente, por lo menos desde que disponemos de información más o menos confiable. De hecho, estos datos son publicados a nivel nacional e internacional en revistas epidemiológicas y son parte de nuestras estadísticas vitales. A pesar de que dichos materiales indican claramente que el género más afectado es el masculino, se ha ido construyendo una representación social y técnica dominante que no solo establece una imagen casi exclusivamente referida a los feminicidios realizados por varones, sino que oculta, o por lo menos silencia, que los asesinados son básicamente varones, siendo una de las primeras causas de mortalidad en varones en edad productiva; lo cual no ocurre en el caso de las mujeres, como lo evidencian los datos epidemiológicos oficiales y no oficiales no solo para México sino para Latinoamérica y países del Caribe. Mientras los homicidios en México han estado, por lo menos en las dos últimas décadas, entre las diez principales causas de muerte del varón, en el caso de las mujeres nunca han formado parte de las primeras veinte causas de muerte.

Aún más, el enfoque de género parece "olvidar" que los varones mueren mucho más que las mujeres no solo por homicidios, sino por los diferentes tipos de "violencias"; es decir, mueren más también por accidentes y por suicidios. Como todos sabemos –o deberíamos saber–, mientras la mujer tiene más intentos de suicidio que el varón, éste se caracteriza por tener muchos más suicidios consumados (46,47)

Se estima que durante el lapso 2001-2006, en México hubo alrededor de 10.000 asesinatos generados por el crimen organizado, de los cuales más del 90% fueron de varones. Durante 2007, el total de asesinados por el crimen organizado fue de 2.275 personas, de las cuales el 93% fueron varones y el 7% mujeres. Pero además, la casi totalidad de los 250 asesinados que fueron torturados, los 33 decapitados y los 83 cadáveres que portaban mensajes eran varones (48).

La epidemiología de los homicidios producida en México por los estudios de género, tanto en términos antropológicos como epidemiológicos, requiere de una radical revisión, dado que el núcleo de la cuestión no radica en los "feminicidios" sino en los "masculinicidios". Dicha revisión no solo refiere a los estudios de género femenino, sino también a los estudios de género masculino, habida cuenta de la tendencia que éstos tienen a pensar la violencia del varón como expresión más o menos espontánea de irascibilidad e ira reactiva de los "hombres violentos"; cuando en realidad gran parte de los asesinatos y de las torturas actuales son planeados. Lo cual subrayamos, sin negar por supuesto la existencia de varones violentos y de asesinatos espontáneos de mujeres.

Asimismo necesitan revisarse las interpretaciones referidas no solo a las violencias, sino al conjunto de los PSEA en términos de género. En todos los países desarrollados la mujer tiene mejores indicadores de salud en términos de tasas de mortalidad y de esperanza de vida. Más aún, en los países que, como Japón, evidencian las mayores expectativas de vida a nivel mundial, la esperanza de vida de la mujer se distancia cada vez más de la del varón.

Si revisamos la tendencia de la esperanza de vida de los mexicanos en términos de género desde principios del siglo XX hasta la actualidad a partir de los datos disponibles, observamos que, mientras hasta la década del '20 los varones tenían mayor expectativa de vida que las mujeres, a partir de la década del '30 la mujer comienza a tener una esperanza de vida mayor; lo cual se va paulatinamente incrementando hasta que en la actualidad dicha diferencia llega casi a los seis años, como ya lo señalamos.

Una parte de los estudios de género ha sostenido que la relación género/PSEA no debe ser referida exclusivamente a la mortalidad, sino a otras formas de deterioro y sufrimiento. Lo cual es correcto, pero en la medida que incluyamos no solo el deterioro y el sufrimiento de la mujer sino también del varón. Toda una serie de procesos económico/ocupacionales indican que gran parte de los varones ya no son los proveedores económicos de sus grupos familiares. Pero, además, toda una serie de padecimientos como la disfunción eréctil y la creciente infertilidad masculina indican que tampoco son proveedores sexuales ni de hijos; subrayando que éste no es un problema exclusivamente mexicano, sino que se observa en cada vez más países tanto subdesarrollados como desarrollados.

Por lo tanto, sería importante analizar el incremento de las violencias contra la mujer a través de estos –y de otros– procesos que cuestionan no solo la identidad sino ciertos papeles centrales del varón.

Pero más allá de las interpretaciones posibles que pueden darse a estos procesos, lo que considero básico es trabajar con los datos que realmente establecen las condiciones de salud de cada género, y no solamente con los datos aislados de uno de ellos. O sea, trabajar con ambos a través de aplicar un enfoque relacional que posibilite incluso explicar las omisiones y, sobre todo, las tergiversaciones señaladas.

LA CRIMINALIDAD COMO IMPUNIDAD, COMO EMPRESA, COMO TRABAJO

Como ya se señaló, durante gran parte del siglo XX, México se caracterizó por sus altas tasas de homicidio que lo colocaron a fines de 1930 y principios de 1940 como el país con mayores tasas de asesinatos a nivel mundial (más de 60 homicidios por 100.000 habitantes). A partir de entonces la tasa declinó, y así en 1950 la tasa fue de 38 por 100.000, y en 1960 de 31 por 100.000 (46). Esta tendencia continuó durante las décadas del '70, '80 y '90 llegando a una tasa de 17 homicidios por 100.000 en 1995 (3,40,50,51).

Esta tendencia no fue unilineal, sino que hubo discontinuidades como las registradas a partir de los años 1997 y 1998 hasta la actualidad, reflejada en lo que estamos viviendo sobre todo durante 2008. Según el procurador general de la República Mexicana desde el 1 de enero al 2 de diciembre de 2008, los homicidios atribuibles al narcotráfico suman 5.376 casos contra 2.477 contabilizados para el año 2007. Es decir, se incrementaron en más de un 100% (52) (c).

Como sabemos, desde la década del '90, existe una preocupación creciente por el desarrollo de las violencias, fundamentalmente por dos tipos de violencias: la generada contra las mujeres por los varones, y aquellas vinculadas al crimen organizado; ambas –especialmente la primera– han dado lugar a una masa creciente de estudios académicos. Esta preocupación se expresa además en el incremento de denuncias sobre la inseguridad desarrolladas durante el lapso 2000-2008, que dieron lugar a la realización de reuniones, foros y debates, los cuales, en cierta medida culminaron en marchas masivas por parte de sectores de la población no solo para denunciar la violencia e inseguridad, sino para solicitar/exigir fin a dicha situación.

Si bien los estudios sociológicos, y en menor medida los epidemiológicos, acompañaron estos procesos, los mismos quedaron rebasados por los acontecimientos sucedidos especialmente durante los años 2006, 2007 y, sobre todo, a lo largo de 2008, cuando los homicidios se incrementaron notablemente. De hecho, los medios de comunicación masiva, y en particular la prensa escrita, pasaron a constituir la principal fuente de información de estas violencias. A tal punto que, las propias autoridades encargadas de la lucha contra el crimen organizado reconocieron durante 2009, que la mayoría de los datos que nutren sus archivos sobre criminalidad proceden de los medios y en particular de la prensa escrita.

Durante este lapso, la información periodística sobre violencias, tanto en cantidad como en calidad, se incrementó notablemente; sobre todo a partir de mediados de 2008, cuando se hizo público el secuestro y asesinato del hijo de un importante y conocido empresario mexicano. Desde entonces no solo se incrementaron las crónicas de los acontecimientos, sino que toda una serie de artículos firmados se dedicaron a reflexionar sobre la violencia.

En este sentido, cabe destacar que los periódicos La Jornada y Reforma, pero también Excelsior, Milenio y El Universal publicaron reiteradamente y especialmente durante los meses de julio, agosto y septiembre artículos no solo de conocidos intelectuales, sino también de sociólogos, antropólogos, médicos, economistas, penalistas, politólogos. Es esta información la que vamos a comentar, teniendo como trasfondo la producción académica y los datos oficiales (d).

Prácticamente todas las crónicas y artículos convergen en señalar que la principal causa de la criminalidad en México es la impunidad; más aún, los diversos actores sociales que se expresan a través de las crónicas, de las entrevistas o de las encuestas aparecidas en los diarios coinciden con ese juicio. La impunidad es referida, en primer lugar, a la policía, en segundo a la impartición de justicia y, en tercer lugar, a las instituciones y autoridades políticas.

La impunidad suele ir asociada a la corrupción, señalándose ambas como estructuras permanentes de la sociedad mexicana en todas sus capas sociales. Existiría una colusión y complicidad de los intereses de los políticos, de los gobernantes, de los jueces y de los policías en mantener la impunidad y la corrupción.

La impunidad se basa en dos hechos: el primero, en que la mayoría de los robos, homicidios, violaciones sexuales o estafas no reciben penas judiciales ni carcelarias o las mismas no se cumplen. Según declaraciones periodísticas de criminalistas y especialistas en violencias, el 93% de los delitos en México quedan impunes, sin recibir ningún tipo de sanción.

El segundo hecho es que la impunidad y la corrupción son parte de la vida cotidiana; la misma está normalizada y se aprende "desde el inicio de la vida". Domina una "cultura de la impunidad", lo cual no sería un hecho nuevo dado que "históricamente somos un pueblo acostumbrado a la violación impune de la ley", la "impunidad somos todos". Estas ideas fueron expresadas en una conferencia de uno de los más conocidos intelectuales mexicanos, que fue transcripta ampliamente por los medios escritos. Monsiváis señala que la impunidad opera "en el mundo de los negocios, en el universo bancario, en la red judicial, en el disfrute de los ecocidios, en los tratos inquilinarios, en el saqueo interminable a los pobres". Por lo cual propone la realización de un gran debate nacional que no solo refiera la impunidad a la policía, a los jueces y a los narcotraficantes, "sino al mundo laboral, al salario mínimo, a las esclavitudes de la maquila" (53).

La creciente criminalidad sería además producto de que el Estado ya no garantiza la seguridad de la población. Algo que la mayoría de los trabajos atribuye –además de a la impunidad– a la incapacidad e inoperancia de los gobiernos y de la policía; mientras que unos pocos articulistas lo atribuyen a que ya no hay Estado, al desmantelamiento y pérdida del poder real de los gobiernos. La mayoría ubica la pérdida de gobernabilidad a partir de principios de los años '80; es decir, a partir de finales de la presidencia de López Portillo y durante la de Lamadrid, en tanto que otros la localizan a partir de la presidencia de Salinas a fines de esa década, y varios en la segunda parte de la década del '90.

Dos artículos periodísticos señalan expresamente que en México ya "no hay ley", y varios concluyen –haciendo alusión a Max Weber– que el estado mexicano ya no monopoliza la violencia, sino que por lo menos en varios estados la monopoliza el crimen organizado, siendo éste el que impone su ley. Hecho reconocido incluso por las más altas autoridades encargadas de enfrentarlos. Y así el procurador general E. Medina Mora el 22 de agosto de 2008:

...reconoció que la lucha contra la delincuencia, particularmente la organizada, seguirá siendo difícil, larga y dolorosa, por el nivel de corrupción que ha penetrado a las instituciones del Estado. [Agregando] Las bandas de narcotraficantes nacionales e internacionales se habían apoderado de ciertos lugares del territorio nacional, en los que habían impuesto su ley, incluso poniendo a su servicio tramos completos de instituciones públicas. (54)

Peor aún, el crimen aparece protegido por diferentes instituciones y organizaciones. Tal sería el caso del aparato legal, organizado de tal manera que justamente "ampara" a los delincuentes al obligar a juzgarlos a nivel de los estados. De tal forma que, por ejemplo, los homicidios no corresponden al fuero federal, sino al de los estados donde justamente el crimen organizado impone más su ley.

Pero además, las más altas autoridades de seguridad asumen que el crimen organizado cuenta con base social propia, por lo menos en algunos estados. Ante la interpelación a que fue sometido el 17 de agosto de 2008 en León (Guanajuato) por empresarios y familiares de secuestrados, el Secretario de Seguridad Pública señaló que en estados como Sinaloa:

...el crimen organizado tiene una base social, ya que está arropado por la comunidad. No habló de acciones ni de estrategias. Se refirió al enorme poderío económico del crimen organizado; a la ilimitada capacidad que tiene de adquirir el mejor armamento; a sus posibilidades inagotables para corromper y comprar conciencias, y a lo sanguinario que son quienes lo conforman. (55)

Pocos días después, el 28 de agosto el presidente de la república reforzó aún más esta interpretación:

Afirmó que la falta de asideros ha permitido que la criminalidad permee las estructuras sociales y que en ciertas regiones se haya permitido y propiciado que la delincuencia forme parte de su vida cotidiana y se haya configurado lo que definió como "una toma de poder regional, en los hechos, de la criminalidad". (56)

Y el 31 de agosto, luego de la marcha contra la violencia organizada en la ciudad de México, consideró que la inseguridad pública:

...es consecuencia de una descomposición gradual y creciente de las instituciones públicas en los tres órdenes de gobierno, por lo que el crimen organizado aumentó su capacidad operativa, logística y financiera en muchas regiones del país. [Y agregó que] El crecimiento de la criminalidad y virulencia con la que actúa, obedece a la debilidad, vulnerabilidad o descomposición en muchos lugares donde las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia y el crimen en el ámbito local. [Concluyendo] que hay una sociedad con menor solidez en términos de valores, de tal manera que pueda rechazar la ilegalidad. (57,58)

Junto a la impunidad y a la corrupción aparecen otras explicaciones que aun aludiendo a estos aspectos, centran la causalidad de la criminalidad en una sociedad caracterizada por la desigualdad socioeconómica, por salarios bajos, desocupación y pobreza. Según estos análisis, las políticas neoliberales habrían impulsado funcionalmente la criminalidad:

Organizaciones sindicales advirtieron ayer que la crisis económica y social que vive el país es el principal detonador del problema de violencia e inseguridad en el territorio nacional. Lo que estamos viviendo es resultado del agotamiento de un modelo económico que ha exprimido a los trabajadores y a toda la sociedad, que no brinda oportunidades de empleo, de educación, alimentación y movilidad social. [Y agregan] El incremento de asaltos, robos y otros actos delictivos es proporcional al tamaño de la crisis que vive México. La inseguridad es uno de los reflejos más dolorosos de esta crisis. (59)

Para varios comentaristas el sistema social mexicano está dominado por una "minoría voraz, que solo busca el enriquecimiento y el poder para enriquecerse". Esta minoría es responsable en gran medida no solo de la corrupción, sino de la enorme desigualdad socioeconómica de México. Es más, cinco analistas sostienen que el capitalismo competitivo e individualista genera casi inevitablemente delitos, y que el sistema social consumista promueve la idea y necesidad de ganar dinero fácil. Incluso un analista identificado con posiciones neoliberales como E. Krause, describe negativamente en el periódico Reforma la exhibición de formas de vida ostentosa de estos sectores sociales, concluyendo que los miembros de dicho sector dan la impresión de no saber en qué país viven.

Más allá de que lo expliciten o no, de los materiales periodísticos surge que la razón del desarrollo e incremento del crimen organizado es básicamente de tipo económico: las grandes ganancias que se obtienen por parte de unos pocos y la gran derrama de dinero sobre una parte creciente de la población. Éste constituye el núcleo de la industria –y de la base social– del narcotráfico, de los secuestros, del tráfico de personas para la prostitución o para el transplante de órganos, del tráfico ilegal de armas y del robo de autos.

Según datos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) publicados por varios diarios mexicanos, a principios de la década del 2000, las ganancias obtenidas giraban en torno a los 50.000 millones de dólares anuales, constituyendo uno de los principales rubros de la economía mexicana, y en las cuales participaban cada vez más dirigentes políticos y autoridades oficiales en todos los niveles. A mediados de 2008, un especialista en problemas de narcotráfico de las Naciones Unidas informó que entre el 50% y el 60% de los gobiernos municipales de México estaban cooptados y "feudalizados" por los narcotraficantes, y que la delincuencia organizada establece cada vez más alianzas no solo con las autoridades políticas sino con las empresas privadas (60). Lo que fue refrendado por el propio director del CISEN a mediados de 2008, quien en una entrevista al diario británico Financial Times aseguró que el narcotráfico ha logrado captar a miembros de la policía, del poder judicial y de las entidades del gobierno, e incluso que el dinero del narcotráfico estaría involucrado en las campañas políticas de algunos legisladores del actual parlamento.

Como concluye R. Segovia analizando el incremento de la criminalidad en México:

Tenemos la misma idea sórdida, mezquina, caótica de todos los cuerpos sociales. Lo que se quiere es ganar dinero, no importa cómo. La verdad está en el negocio. Se puede vender telas o aviones, el caso es vender. Incluso drogas. (61)

El crimen organizado opera como empresa capitalista y cumple no solo los deseos sino las reglas de una sociedad consumista. Conduce a la profesionalización de sus cuadros directivos y a maximizar la eficacia en los operadores del narcomenudeo para mejorar los rendimientos y ganancias. Debemos asumir que la criminalidad tiene una racionalidad económica y que, por lo menos una parte de los actos que realiza, incluso tal vez los más sanguinarios, tienen que ver con dicha racionalidad.

Enrique Quintana comenta (62) un Informe sobre el crimen organizado preparado por el grupo financiero BBVA Bancomer, que aplicó el modelo del economista G. Becker al análisis de la criminalidad en México. Según este economista los delincuentes operan con racionalidad económica en términos de costos/beneficios:

Los beneficios pueden ser monetarios o también pueden entrar en la esfera subjetiva asociada con el poder o la satisfacción que da a una persona cometer el delito. Los costos están asociados al riesgo de caer en prisión o a las pérdidas económicas que tienen al no realizar una actividad lícita. Los delincuentes son tomadores de riesgo y ello hace que desde el punto de vista económico, la certeza de un castigo es más importante que la severidad. (62)

Y en México la probabilidad de ser aprehendidos es muy baja, al igual que la de recibir sentencia, aunque en el caso del narcotráfico es alta la posibilidad de morir joven y asesinado. El informe señala que:

Como en otros negocios la delincuencia mejora su rendimiento si se practica a gran escala. Por eso aparecen empresas, como en otras actividades económicas; algunas incluso se convierten en grandes consorcios con redes en diversas entidades e incluso países. (62)

Esta racionalidad económica se expresa a través de los tipos de organización empresarial que adoptan a nivel de gran escala o de pequeños grupos, incluso de grupos familiares. Según un análisis realizado por un equipo del periódico Reforma (63),

El crimen organizado en México registró en los últimos años una evolución inusitada en cuanto a su operación interna. La elite criminal dedicada al narcotráfico renunció a mantener una estructura formal constituida en forma de planilla organizacional, y decidió subcontratar de forma provisional a terceras personas ajenas a su grupo para llevar a cabo etapas de su negocio como cosechar, transportar, importar y vender droga. (63)

Y agrega que ciertos grupos del crimen organizado optan por estructuras flexibles y por derivar tareas específicas para reducir la posibilidad de ser imputados y detenidos:

Es decir, las organizaciones criminales empiezan a operar bajo la apariencia de eslabones autónomos que son impulsados por el jefe del cártel, financiando las operaciones y utilizando la logística de la organización para acelerar la actividad de esos eslabones, lo cual permite descontrolar a las autoridades, en cuanto al método de investigación. (63)

Especialmente durante la década del '90 cobró visibilidad mediática la existencia de grupos criminales formados por un pequeño número de miembros y de grupos familiares dedicados al secuestro, de los cuales el más famoso fue el liderado por un sujeto denominado "mochaorejas". En ambos casos se caracterizaban por el uso de la violencia como técnica de presión para obtener el dinero del rescate. Solicitaban el dinero, y en caso de no lograrlo, al poco tiempo enviaban a sus familiares orejas o dedos cortados de los sujetos secuestrados.

Varios de estos grupos fueron apresados, pero durante la década del 2000 volvieron a resurgir como pequeñas empresas en las cuales intervienen todos los miembros del grupo familiar en las diferentes tareas de observar, "enganchar", secuestrar, custodiar, torturar, negociar. Dichas tareas implican también una cierta profesionalización, dado que, por ejemplo, ciertas acciones como cortar dedos o mochar orejas implican un mínimo de atención reparativa que en la mayoría de los casos está a cargo de mujeres.

Esta actividad pasa a ser un oficio a través del cual se obtiene "mucho dinero y en forma rápida", según señaló una integrante de uno de esos grupos familiares. Su hijo aprendió el oficio de secuestrar de su papá, y éste lo aprendió a su vez de un amigo. Ahora está preso con una condena de treinta años, pero:

Martha dijo que no está temerosa, pues sabe que de alguna manera su hijo se las arreglará para salir o para seguir trabajando donde está –es decir la cárcel– y enviarle dinero para que ella sobreviva. (64)

Es decir que, por lo menos para una parte de los que practican la delincuencia, su actividad constituye un trabajo, lo cual debemos relacionarlo con lo señalado por toda una serie de materiales periodísticos que consideran que las causas de la criminalidad obedecen a varios procesos sociales, pero especialmente a la desocupación que afecta a la población mexicana, y en particular a los jóvenes:

De acuerdo con información de INEGI (Instituto nacional de estadística y geografía), más de la mitad de los desempleados del país –1.593.000 personas– está constituida por jóvenes de entre 14 y 29 años. Asimismo, un tercio de la población desocupada tiene estudios de bachillerato o educación superior. Las opciones de trabajo parecen reducirse a la economía informal, donde más de la mitad de los jóvenes obtienen su primer trabajo; la emigración nacional e internacional –más de 200.000 abandonan el país cada año–, y las actividades delictivas –40% de los presuntos delincuentes del fuero federal y 59% de los de fuero común son jóvenes entre 15 y 29 años. (65)

Crónicas y artículos, incluida la opinión de especialistas en juventudes y/o en criminalidad, concluyen que los:

Jóvenes sin expectativas de futuro y en condiciones de marginación social se han convertido en presa de la delincuencia, porque no hay que olvidar que en México más de 50 millones de personas viven en la miseria, y con 0,5% de ellos que se dediquen a la delincuencia hay un enorme ejército de reserva para alimentar al narco y a criminales de cualquier tipo. [Y agregan] En períodos de crisis económica los delitos con participación de jóvenes se incrementan. En gran medida porque son usados por el crimen organizado, que detecta en la juventud el eslabón más débil de la sociedad. (66)

Varios expertos concluyen que como consecuencia de la falta de empleo, y de que la mayoría de los trabajos posibles son muy mal pagados se está llevando a los jóvenes "a un callejón sin salida en el cual se les ignora o se les criminaliza". Incluso algunos analistas concluyen que los jóvenes, dada esta situación, caerán

...en nutridos contingentes en la tentación del dinero fácil, rápido y en cantidades suficientes como para colmar valores subvertidos. En ellos se sustenta la inagotable y creciente reserva que alimenta al formidable ejército del mal [...] y que el secretario de defensa calcula en medio millón de personas, solo en el narcotráfico. (67)

Es decir que, el conjunto de estos factores favorece que los jóvenes:

...sean candidatos inmejorables para ser reclutados por las bandas formales e informales de la delincuencia. [Más aún] otro factor que incrementa los índices delictivos es la convicción compartida de que para triunfar socialmente y ser apreciado y reconocido por la colectividad se necesita tener dinero y disfrutar la vida a como de lugar; esta es la pauta conceptual que los medios de comunicación, en especial la televisión, nos presentan todos los días, a todo momento. (68)

Sin embargo –y debemos resaltarlo– en toda esta abundante producción de la prensa escrita las referencias al papel de los medios es escasa, y también escasamente analizada. Las conductas señaladas son referidas a las características de una sociedad que impulsa la desigualdad y la pobreza al mismo tiempo que el consumismo. Y es en éstas características –junto con la impunidad y la corrupción– que se coloca el énfasis en la búsqueda rápida y fácil de dinero:

Vivir del lado de la sana convivencia resulta poco lucrativo. Se vuelve una estupidez, en una nueva escala de valores que el fracaso educativo va imponiendo. Por otra parte, vivir en una ley de la selva posmoderna, sin compasión por el más débil o por el justo, resulta enriquecedor, y aun un éxito social. Nueva escala definida por los muchos ceros en las ganancias en los delitos y por la certeza de la impunidad a pesar de ser arrestados. (69)

Más aún, si bien hay articulistas que recuerdan el papel que el medio social y familiar tiene en la generación de criminalidad, concluyen que para los sectores más pobres "El crimen parece la única oportunidad de hacer dinero y tener prestigio social".

Durante la década del 50' y 60' varios sociólogos norteamericanos especializados en jóvenes delincuentes, llegaron a conclusiones sumamente interesantes, entre las que destaco una: que los valores y objetivos sustentados por dichos jóvenes delincuentes reproducían los valores de la sociedad norteamericana; reproducían el tipo de sociedad capitalista dentro de la cual se formaron marginalmente (70). Conclusión que, con algunas modificaciones, volvió a ser propuesta por uno de los más profundos estudios del narcomenudeo realizado hasta ahora, enfatizando justamente que los valores y objetivos de los jóvenes delincuentes de un barrio de clase baja y con fuerte presencia de población hispana en Nueva York, son similares a los valores y objetivos de una sociedad consumista, individualista y fuertemente competitiva. Competitividad que termina frecuentemente con la muerte violenta del que compite (71).

En última instancia, el riesgo de morir y los homicidios cometidos expresan en gran medida el peso de dicha ideología individualista y competitiva, que salvo excepciones no aparece analizada en la prensa escrita ni siquiera por los especialistas en esta problemática. O mejor dicho, aparece señalada y hasta desarrollada pero por articulistas que tratan a los jóvenes como si fueran una especie de autómatas que cumplen el mandato de las ideas y de las fuerzas dominantes.

Todavía más, los adolescentes pobres aparecen como individuos casi determinados a ser parte de la criminalidad, incluido el asesinato. De la prensa escrita, incluyendo los artículos de académicos y profesionales, surge que es la situación social la determinante de estos comportamientos, de tal manera que los jóvenes no son tratados como sujetos activos de una criminalidad que los involucra centralmente. Aparecen como individuos "alienados" o, por lo menos, "hegemonizados" por utilizar antiguas palabras que, debe aclararse, ninguno de los articulistas emplea, aunque sea de ésto de lo que están hablando.

¿POR QUÉ MATAR?

Junto con las causas señaladas, aparecen en la prensa escrita varias propuestas que son desarrolladas por pocos analistas, las cuales sostienen, por ejemplo, que la impunidad se debe en gran medida a que México carece de una tradición democrática o que en México se han "debilitado valores esenciales como la honestidad y la verdad" que "antes" tenía la población mexicana.

Mencionan que hay ciertas características nacionales que favorecen la impunidad y la corrupción, entre las que subrayan la apatía y la tolerancia, expresadas en el hecho de que la mayoría de los mexicanos no denuncia los delitos de todo tipo a los que son sometidos cotidianamente. Aun cuando esta actitud es explicada por la mayoría de los materiales periodísticos por la desconfianza, ya que el 88% de los mexicanos no denunciaría los delitos por aprensión a las autoridades y especialmente a la policía. La población mexicana tiene gran desconfianza hacia la autoridad, cree que por más denuncias que haga "no pasa nada".

Otros analistas subrayan la tendencia dominante en la población mexicana al "no te metas", a "no ser metiche", que reducen también no solo las acciones colectivas sino las denuncias de hechos que ocurren a otros sujetos y grupos.

Se podrían incluir otros procesos y explicaciones respecto de la criminalidad, pero pese a que los materiales periodísticos narran profusamente el incremento de la criminalidad y de varias de sus características más negativas, casi no hay explicaciones ni reflexiones sobre porqué se mata de la manera en que se mata y porqué se tortura de la manera en que se tortura. ¿Por qué la delincuencia organizada –pero también la no organizada– necesita realizar crímenes caracterizados por la crueldad y el horror? (e).

Lo señalado no quiere decir que no se den explicaciones a las decapitaciones o a los cadáveres torturados, sino que las mismas se detienen en aspectos económicos o simbólicos, donde prácticamente no aparece la subjetividad del criminal, aunque a veces sí aparece la de los asesinados, y sobre todo, de los parientes y amigos de los secuestrados, torturados y desaparecidos.

Por lo menos una parte de los funcionarios gubernamentales y, en menor medida, de los sectores no gubernamentales atribuyen el incremento de los homicidios a la lucha que el gobierno está dando contra la criminalidad organizada y especialmente contra el narcotráfico, aunque con interpretaciones diferentes.

Mientras los funcionarios lo ven como un proceso casi inevitable pero necesario para acabar con el crimen organizado, especialistas como R. Jimenez, investigador de la UNAM, considera que los asesinatos

...tienen dos grandes motivaciones, por un lado una disputa de territorios y, por el otro, el cobro de deudas a aquellos policías que no pueden cumplir. Las ejecuciones normalmente las están haciendo contra aquellos que se temen a la región, es decir que quieren apoderarse de la ruta del tráfico [...] También están ejecutando mucho funcionario, agentes de policía, incluso secretarios de seguridad pública municipales y mandos federales, que se las cobran ya sea porque fallaron en lo que se habían comprometido, porque no regresan el dinero cuando dejan de ser funcionarios o porque se pasaron a otro bando. (72)

Y remarca que "hasta el momento la mayoría de las víctimas de la violencia del narcotráfico han sido integrantes de estas organizaciones", aunque reconoce que ha habido personas asesinadas que no tienen nada que ver y que, en ciertos casos, han sido asesinadas por miembros del ejército.

Más aún, este tipo de interpretación parece proponer que si el gobierno y el ejército no intervinieran, los homicidios se limitarían a una cuestión entre delincuentes, señalando que "Las estrategias que está siguiendo el gobierno mexicano, que son violentas, hacen la atmósfera más violenta". Más allá de lo certera de esta explicación, la misma deja de lado aspectos decisivos de la criminalidad.

Ahora bien, los periódicos documentan cinco características básicas del crimen organizado, que ya fueron abordadas a grandes rasgos, y ahora intentaremos sintetizar. La primera, es que una parte de los delitos no solo se caracteriza por el asesinato, sino también por la tortura, la crueldad, el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares y vecinos. Cada vez aparecen más cadáveres decapitados, quemados y con huellas de tortura; se mata a familias enteras incluidas mujeres embarazadas. El grupo periodístico Reforma contabiliza semanalmente el número de asesinatos, sus características y su distribución por estado; y así, por ejemplo, entre el 23 y el 29 agosto de 2008 informó que hubo a nivel nacional 167 personas ejecutadas, de las cuales 21 estaban decapitadas y 54 cadáveres evidenciaban huellas de tortura.

No solo se mata, sino que se suele "marcar" al asesinado; así encontramos que en Morelia el 20 de agosto de 2008 la policía confiscó material a un grupo criminal:

Entre los objetos confiscados había calcomanías con leyendas: "la familia michoacana, la más feliz del mundo", así como un fierro para marcar ganado con la letra F y una cartulina con la leyenda "la utilizamos para marcar a los enemigos de la familia". (73)

"La familia" constituiría el principal grupo del crimen organizado en este estado.

Una modalidad cada vez más frecuente de los secuestros es la de solicitar recompensa, y luego de recibida –e incluso antes–, asesinar a la persona secuestrada. Si bien una parte de estos asesinatos tienen que ver con negociaciones económicas entre secuestradores y familiares de los secuestrados, sobre todo tendría que ver con que

por lo menos alguno de los secuestradores es conocido de la víctima.

En documentos oficiales y especialmente en circulares generadas por grupos de la sociedad civil se informa a la población que en los secuestros suelen participar personas del servicio doméstico, choferes, empleados, secretarias particulares o maestros. Que en el 60% de los delitos de alto impacto hay siempre involucrada una persona conocida, pudiendo ser no solo las personas señaladas, sino también familiares, amigos y vecinos.

Si bien no tienen que ver con homicidios y secuestros, aunque sí con violencias, los datos de una reciente encuesta realizada por la Secretaría de Educación Pública y publicada por la prensa escrita, señalan que más de 220.000 alumnos de los bachilleratos de las escuelas federales de México han sufrido algún tipo de ataque sexual; es decir que, el 6% de la totalidad de alumnos reconoció esta situación. Pero además, en dicho estudio se encontró que:

En el caso de las mujeres que han sido víctimas de ataque sexual, 24% responsabilizó del acto a su tío, el 4% a su padre, el 6% a su hermano, el 2% al maestro y el 22% a un desconocido. En el caso de los hombres, el 2% indicó como abusador a la madre, padre, hermano, hermana; un 5% a un tío; un 6% a un profesor y un 21% a algún desconocido. (74)

Lo cual no constituye una modalidad nacional, sino una característica por lo menos de las sociedades para las cuales tenemos este tipo de datos. Más aún, ciertos delitos como violaciones sexuales o actos de pederastia se dan sobre todo dentro de relaciones familiares y de amistad cercanas (47).

Es obvio que una persona conocida que participa en el secuestro de un familiar, amigo, compañero de estudios o dueño de una empresa donde trabaja, trate de ocultarse de la mirada del secuestrado; lo que no es obvio es el acto de matar a una persona que lo reconoce, y más si es amiga e incluso familiar cercano. La prensa escrita consultada, –que no es amarillista por lo menos en términos comparativos–, describe, sin embargo, episodios de este tipo, de los cuales solo se transcribe uno como ejemplo:

María del Jesús Delgadillo de 27 años de edad y diez semanas de embarazo fue invitada por amigos a una reunión que se celebraría el 28/07/2008 en el domicilio de los que la invitaron. Pero sus anfitriones la mantuvieron cuatro días en cautiverio, cobraron 156.000 pesos para liberarla y la mataron. Por estos hechos fueron detenidos un ex policía municipal y su esposa, amiga de la víctima, que fueron quienes la mataron, pues la pareja tenía deudas por setenta mil pesos, y para liquidarlas recurrió al plagio. (75)

Se secuestra y mata a una amiga embarazada para cobrar 156.000 pesos mexicanos, así como se han documentado crímenes por los cuales los sicarios recibieron solo 5.000 pesos mexicanos. ¿Cómo interpretamos este tipo de homicidios más allá de su significación económica inmediata que puede ser saldar deudas o contar con un poco de dinero para comprar droga? ¿Solo permanecemos en la significación económica, en la impunidad? ¿Qué tipo de sujetos son los que realizan estos actos, incluso en forma planificada?

Y lo preocupante es que no solo las crónicas y artículos de los periódicos no describen ni reflexionan sobre estos aspectos, sino que la mayoría de las investigaciones socioantropológicas y epidemiológicas que conozco para México tampoco lo hacen. La casi totalidad de estos materiales operan como si la impunidad, la corrupción, los objetivos económicos explicaran los asesinatos, cuando lo que realmente están explicando es el delito pero no los homicidios, y menos aún la saña con que son cometidos una parte de ellos. No explican qué son las personas asesinadas para estos homicidas, en términos de sujetos.

Los aspectos señalados conducen a constatar una cuarta característica: la mayoría de los secuestros y gran parte de los homicidios son actos planificados. Es decir, no son actos espontáneos, debidos a furias o violencias momentáneas. Lo cual, por supuesto, no implica desconocer que hay procesos inesperados, no planeados, que generan homicidios.

Pero por lo menos una parte de éstos tiene que ver con ciertas técnicas de asesinato que documenta la prensa escrita con frecuencia. Si bien se decide matar a ciertas personas específicas por diversas razones, en ciertas ocasiones se mata a todos o a gran parte de los sujetos que están presentes. Una de las razones de estos asesinatos indiscriminados es que los criminales no conocen al sujeto que hay que matar, aun cuando saben que está en ese lugar:

El sábado 16 de agosto, poco antes de las seis de la tarde, tres camionetas de lujo conduciendo a una decena de sicarios llegan afuera de la bodega donde se celebra una fiesta de jóvenes en Creel (Chihuahua). Aparentemente buscan a dos personas para ultimarlas, pero los ejecutores no conocen la precisión: rafaguean a mansalva reventando cuerpos, segando vidas, incluida la de un niño de un año. (76)

Es decir que, los asesinos buscan cumplir su objetivo de asesinar a determinadas personas, pero deciden incluir a todos los presentes para no equivocarse; pese a que no debían matarlas, a que no tenían ningún problema con ellas. La muerte de uno o de varios vale igual, o sea, en el fondo no valen nada; pero ¿qué quiere decir que no valen nada como dice el refrán mexicano?

Esta modalidad indiscriminada se relaciona en parte, pero solo en parte, con el tipo de asesinato "corporativo" denominado venganza de sangre (77). Y si bien existen notorias diferencias entre los mismos, los unifica la negación del otro como sujeto.

En el norte y centro de México, pero especialmente en Chihuahua se han desarrollado los llamados "levantones", donde los levantados suelen ser torturados, mutilados y/o asesinados. Los "levantones" han sido utilizados no solo por el crimen organizado sino también por los gobiernos locales, por la policía para "desaparecer" mujeres, activistas políticos o personas ligadas a la criminalidad. Estos "levantones" son parte de las técnicas de poder a través de las cuales se busca amedrentar o disuadir al otro, que concluyen frecuentemente en asesinatos disuasores aplicados inclusive a personas que ya no quieren seguir perteneciendo a grupos criminales. La prensa describe, por ejemplo, el ataque a dos centros para adictos en rehabilitación que operaban en Chihuahua, donde en un caso se asesinó a dos personas y en otro a siete sujetos que buscaban rehabilitarse de su adicción a drogas y al alcohol.

Estos eran centros creados y orientados por pastores protestantes, que por lo menos una parte del crimen organizado había aceptado, dado que "convertirse al cristianismo es la única forma aceptada entre ellos para salir de la agrupación". Pero, por lo menos una parte de las organizaciones criminales, decidieron atacar a estos centros de recuperación dado el posible incremento de este tipo de demanda que tendría repercusión tanto en los ingresos como en la disponibilidad de recursos humanos para la criminalidad. De hecho todos estos centros cerraron.

En Chihuahua y en otros estados, el crimen organizado mata especialmente a los sujetos que estando involucrados con el narcotráfico tratan de abandonarlo. Pero además amenazan a quienes tratan de atenderlos en términos profesionales:

Cuando paramédicos acudían al llamado de auxilio por el hallazgo de cuatro cadáveres en un predio del Parque industrial Antonio J. Bermudez, la frecuencia [de radio] de la Cruz Roja fue interferida por presuntos traficantes que transmitieron narcocorridos y amenazaron de muerte a cuatro rescatistas: "Caerán uno por uno" advirtieron. Fuentes extraoficiales de la Cruz Roja revelaron que en la frecuencia se escuchó: "Dejen de salvarle la vida a los ejecutados o de lo contrario también vamos a atentar contra sus vidas; no se acerquen, ya que de lo contrario van a tener mucho trabajo con sus propios compañeros". (73)

Esta situación condujo a que los rescatistas suspendieran su trabajo y:

solicitaran apoyo de la policía municipal para que les brinde protección cuando acudan a recoger a heridos o muertos en hechos relacionados con el crimen organizado, en especial cuando hay sobrevivientes. (73)

Y subrayo este último aspecto, dado que frecuentemente no quedan sobrevivientes ya que se aplica una técnica de matar y rematar más o menos tradicional.

La prensa presenta información de que se mata por pertenecer a grupos rivales del crimen organizado, por ser policías o autoridades municipales que no colaboran o desertan, o por otras causas ya señaladas. Pero en estas luchas también se mata "para demostrar que son hombres" y para dejar claro quién es el que manda, lo cual puede observarse en los textos de los mensajes que los criminales dejan en los cadáveres de sus víctimas:

La policía de Culiacán informó que una de las víctimas, aún no identificada fue hallada con tres narcomensajes en los que se leía: "Animales rastreros no les tenemos miedo, Beltranes, atte. Puro Sinaloa". (78)

Y otro mensaje decía:

Con sus mantas, somos hombres no payasos, para que traen Z a matar inocentes policías, albañiles y carroceros; es primera y última vez que se los contesto con mantas y letras, les seguiremos contestando con plomo no con mantas. Y llevensé Z a este Z, ya no sirve y seguiremos mandando. (78)

Ese mismo día y en la misma ciudad fue asesinado un policía que tenía el siguiente mensaje:

Esto pasó por voltear banda y que se agarre ese verga de tu compadre fantasma que también levantamos a su perra madre, el macho prieto ja ja ja. (78)

Mensajes similares se encontraron por las mismas fechas en las ciudades de Chihuahua, Sonora y Michoacán:

En Morelia el cuerpo de un hombre fue encontrado maniatado y con un narcomensaje en el que se leía: "esto les pasa a los que graban videos y es una advertencia para los que hacen llamadas anónimas". (78)

De tal manera el crimen organizado no solo no se oculta sino que por el contrario trata de estar continuamente presente para evidenciar quién manda, quién sabe (conoce), quién controla, quién decide matar y a quién.

Y toda esta información es descripta por la prensa escrita y es analizada por articulistas de la misma, reiterando el tipo de interpretación pero sin explicar algunos de los procesos más importantes. Dado que la impunidad, la corrupción, incluso la "descomposición del tejido social" como dicen algunos articulistas, no explican porqué dichos procesos acaban frecuentemente en homicidios, y sobre todo, en homicidios crueles. Como vimos, los materiales periodísticos se refieren a decapitados, a homicidios indiscriminados, a asesinatos crueles, pero prácticamente no se reflexiona ni se analiza porqué se "necesita" matar y porqué se mata así. O para ser más correctos, explican ciertos aspectos pero no otros que tienen que ver con la subjetividad de los asesinados y de los asesinos.

Toda una serie de crónicas y artículos colocan en la desigualdad social, en la pobreza y en la desocupación, el incremento y características de los delitos. Pero ¿esto qué significa? Acaso que los pobres y desocupados se convierten en asesinos, y frecuentemente en asesinos caracterizados por su crueldad cuando se vuelven más pobres o cuando se produce algún otro proceso que los afecta económicamente. Según se desprende de este tipo de análisis, la pobreza engendraría no solo acciones homicidas sino también sanguinarias.

LAS EXPLICACIONES PROPUESTAS Y LAS INTERPRETACIONES AUSENTES

Las explicaciones de estos autores recuerdan las interpretaciones desarrolladas durante mediados del siglo XIX sobre las "clases peligrosas urbanas", con lo cual se estigmatizó especialmente a los trabajadores urbanos y en particular a los desocupados, al considerarlos proclives al crimen. Recuerdan incluso, las antiguas propuestas marxistas referidas al "resentimiento del proletariado" y sus justificaciones de la violencia proletaria.

Y dichas explicaciones lo que tendrían que explicar son procesos que evidencian que la mayoría de la criminalidad opera contra los propios pobres. Todos sabemos que, por lo menos en los países capitalistas, la mayoría de los homicidios son cometidos por los pobres o, si se prefiere, por miembros de las clases bajas de la sociedad, y que además, la mayoría de sus víctimas son pobres. Y uno de los hechos que hay que explicar es justamente porqué el posible resentimiento, incluida la crueldad se dirige no contra los "otros", sino contra los sujetos pertenecientes a la misma clase social, al mismo grupo social o como se los quiera llamar.

Pero la mayoría de los artículos y crónicas periodísticas, y también de los materiales académicos consultados no tratan sobre estos problemas. Las explicaciones que surgen de la prensa escrita pueden tal vez explicar los delitos contra la propiedad o la búsqueda de ganancias económicas y de satisfactores personales inmediatos a través del uso de técnicas delictivas, y hasta los asesinatos, pero solo en términos economicistas. Al colocar sus explicaciones en un sistema injusto y desigual que explota y empobrece, y por lo tanto impulsa a los pobres al delito, no reflexionan sobre el hecho de que una parte de esos delitos lo constituyen toda una variedad de agresiones físicas, incluidos los homicidios.

Esta concepción delincuencial de los pobres mexicanos no podría, por lo menos por sí sola, explicar porqué en otros contextos donde incluso hay más pobreza que en México no observamos los altos índices de criminalidad que operan en México, como es el caso de varios países latinoamericanos. Las altas tasas de homicidios que estamos viviendo en México tampoco podrían explicarse por el narcotráfico en sí, dado que en países donde no solo hay alto consumo de sustancias adictivas, sino también luchas por espacios de distribución y venta de las mismas, los asesinatos son comparativamente escasos como ocurre en los países europeos con mayor consumo de este tipo de drogas.

Dos articulistas retoman la vieja explicación del "México bronco", que en la actualidad no explica nada, dado que lo primero que tendríamos que hacer es describir en qué consiste el "México bronco" y no dejarlo como implícitamente sabido. Más aún, si por bronco se entiende un país donde el asesinato es frecuente e incluso arbitrario y cruel, la cuestión es explicar porqué ocurre dicho proceso y no contentarnos con darle un nombre.

Y algo similar ocurre con los cronistas y articulistas cuando concluyen que la violencia es parte de la cultura, del modo de vida o cuando señalan que ya es un hecho "normal" entre nosotros. Dado que, lo que hay que explicar es porqué los homicidios, las agresiones crueles y las torturas se han "normalizado" y son parte de nuestra cultura.

¿Qué es lo que posibilita que los sujetos y microgrupos asesinen y torturen hasta su muerte a otros sujetos por razones básicamente económicas y al amparo de la impunidad y la corrupción? ¿Qué tipo de subjetividad tienen estos asesinos que posibilita el desarrollo de estos actos y en forma cada vez más frecuente? ¿Qué idea tienen de los sujetos a los que asesinan y torturan? Pero además, y es lo que interesa subrayar especialmente ahora: ¿por qué las crónicas y artículos periodísticos no se plantean estas preguntas?

Aún más, una parte de las crónicas periodísticas y también una parte de los articulistas, señalan que mientras las luchas del narcotráfico queden reducidas a ellos mismos, y sean ellos quienes mueran, el problema sería menor que lo que ocurre actualmente, ya que dada las estrategias y decisiones del Estado mexicano, la criminalidad se ve obligada a incrementar sus acciones violentas con graves consecuencias para la población que no tiene nada que ver. De tal manera que: mientras los asesinos se maten entre ellos no habría demasiado problema. Lo cual amerita serias reflexiones sobre estas consideraciones y las nociones de subjetividad y sociedad que implican.

Esta orientación se torna aún más preocupante cuando observamos que tanto los miembros de las ONG, las autoridades del gobierno o los cronistas y analistas, cuando plantean la necesidad de reducir o acabar con la violencia, se refieren únicamente a mujeres, y en algunos casos a niñas y niños, pero prácticamente nunca se refieren a varones; lo cual es casi incomprensible dado que los varones constituyen por lo menos el 90% de los sujetos que son asesinados en México.

Los tres procesos que hemos analizado no son secundarios ni irrelevantes, sino centrales en términos de PSEA, pero también en términos de nuestra identidad social y cultural, así como en lo referente a las orientaciones observadas en la producción periodística y académica. La falta de inclusión del racismo, la escasa producción de investigaciones sobre la esterilización femenina, el uso manipulado de la información sobre violencias, y especialmente sobre homicidios en términos de género, o la falta de inclusión de la subjetividad en el caso de los homicidios requieren por lo menos de dos acciones pensadas en términos académicos. Primero, desarrollar estudios sobre estas problemáticas incluyendo los aspectos negados o tergiversados; y segundo, tratar de hallar explicaciones a esta orientación académica y profesional, que posibiliten modificar dichos sesgos y omisiones con el objetivo de comprender realmente los procesos estudiados y poder intervenir sobre ellos.

NOTAS FINALES

a.  Debe subrayarse que especialmente durante las décadas del '70, '80 y '90 la Medicina Social latinoamericana, y en particular en ciertos países, le dio una importancia central a los procesos y factores económico/políticos.

b.  Respecto de los datos con que trabajan, las autoras aclaran lo siguiente: "Una de las grandes polémicas con relación a los homicidios de mujeres ha sido establecer el número total de homicidios ocurridos, ya que las organizaciones de mujeres de la ciudad (Juárez), las autoridades judiciales y la Secretaría de Salud presentan cifras divergentes entre sí. Por esa situación, y asumiendo que la omisión de homicidios en los datos de la Secretaría de Salud –en caso de existir– es aleatoria y no está relacionada con características ni ocurrencia de los homicidios, resulta aún pertinente evaluar dicha información, ya que aunque existan casos perdidos para cada año, la tendencia del fenómeno persiste y puede ser analizada" (41 p.87).

c. Como vemos, hay diferencias entre los datos presentados por la propia Procuraduría en momentos distintos, pero ello es producto de que no son cifras definitivas sino en elaboración.

d. La información analizada es la generada por los periódicos La Jornada y Reforma durante los meses señalados. Dicha información incluye crónicas periodísticas y artículos firmados. Con dicha información se organizó un corpus que en este trabajo no cuantificamos, pues el objetivo central es trabajar con los significados que surgen de la información periodística.

e. Respecto de esta problemática operan potencialmente procesos etnocéntricos y de relativismo cultural, pero que no se analizan en este trabajo.

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73. Perpetran ocho asesinatos en Ciudad Juárez; suman 903 ejecuciones en 2008 [En línea] La Jornada. 21/08/2008; Política [fecha de acceso 16 de marzo de 2009]. URL disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=politica%26article=008n1pol        

74. SEP: han padecido abuso sexual 220 mil bachilleres. [En línea] La Jornada. 2/09/2009; Portada [fecha de acceso 16 de marzo de 2009]. URL disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/09/02/sep-220-mil-alumnos-del-bachillerato-han-padecido-abuso-sexual        

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76. Víctor M. Quintana S. El día en que el Estado desapareció. [En línea] La Jornada. 23/08/2008; Opinión [fecha de acceso 16 de marzo de 2009]. URL disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2008/08/23/index.php?section=opinion%26article=016a2pol        

77.  Menéndez EL. Epidemiología sociocultural: propuestas y posibilidades. Región y Sociedad. 2008;XX(número especial 2):5-50.         

78.  Deja "Narcoguerra" 167 ejecutados. Reforma. 30/08/2008; Nacional.         

Recibido el 17 de abril de 2009
Versión final presentada el 20 de mayo de 2009
Aprobado el 18 de junio de 2009

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