Resumo em Espanhol:

OBJETIVOS: Estimar el gasto en salud reproductiva en México durante el año 2003, analizar su distribución según los principales programas, agentes de financiamiento y proveedores de bienes y servicios de salud, y evaluar la relación entre el gasto en salud reproductiva y algunos indicadores económicos de los estados, mediante la metodología de cuentas en salud. MÉTODOS: Se estimó el gasto en salud reproductiva entre enero y diciembre de 2003, tanto a nivel nacional como estatal. Se utilizó la metodología de cuentas en salud ajustada a las particularidades de México a partir de información pública y privada. El gasto se calculó para los cuatro principales programas de salud reproductiva (salud materno-perinatal, planificación familiar, cáncer cervicouterino y cáncer de mama) según los diferentes agentes de financiamiento, proveedores de bienes y servicios y funciones de salud, tanto para el sector público como privado. Se estimó el gasto público estatal por beneficiaria y se analizó su relación con el gasto público en salud y el producto interno bruto (PIB) anual per cápita de cada estado. RESULTADOS: El gasto en salud reproductiva en México durante el año 2003 fue de 2 912,6 millones de dólares estadounidenses y representó 0,5% del PIB nacional en 2003 y poco más de 8% del gasto en salud. El gasto fue mayor en los agentes públicos (53,5%) que en los privados (46,5%). El programa de salud materno-perinatal presentó el mayor gasto, principalmente por partos y complicaciones; casi 50% de ese total provino de pagos directos de los hogares. El gasto en planificación familiar fue mayormente público y representó 5,9% del gasto total. Del gasto en salud reproductiva, 7,9% correspondió a los programas de cáncer cervicouterino y de mama. El gasto público promedio en salud reproductiva por beneficiaria fue de 680,03 USD y su distribución estatal estuvo asociada con el gasto público en salud (r = 0,80; P < 0,001) y el PIB per cápita (r = 0,75; P < 0,0001). CONCLUSIONES: La metodología de cuentas en salud permitió estimar el gasto en salud reproductiva en México en 2003. Fortalecer las acciones y los programas de salud reproductiva a partir de una asignación del gasto basada en la evidencia y enfocada a las poblaciones más desfavorecidas es un imperativo ético, de derechos humanos y de desarrollo.

Resumo em Inglês:

OBJECTIVES: To estimate reproductive health expenditures in Mexico during 2003; analyze how costs were distributed across the main programs, funding entities, and providers of health goods and services; and evaluate the relationship between reproductive health expenditures and economic indicators in different states, using health accounts methods. METHODS: We estimated reproductive health expenditures between January and December 2003, at the national and state level. We used health accounts methods adjusted for the particular characteristics of Mexico on the basis of information from public and private sources. Expenditures were calculated for the four main reproductive health programs (maternal-perinatal health, family planning, cervical and uterine cancer, and breast cancer) according to different funding entities, goods and services providers, and functions of health care, in both the public and private sector. We estimated public expenditures by state per beneficiary, and analyzed how these costs were related with pubic health care expenditures and annual per capita gross domestic product (GDP) for each state. RESULTS: The reproductive health expenditures in Mexico during the year 2003 were US$ 2.912 6 billion, a figure that represented 0.5% of the national GDP in 2003 and slightly more than 8% of the total health care expenditures. Costs were higher for public entities (53.5%) than for private entities (46.5%). The maternal-perinatal health program accounted for the highest costs, mainly from deliveries and complications; direct payments from households accounted for nearly 50% of the total figure. Costs for family planning were accrued mainly in the public sector, and represented 5.9% of the total expenditure. Of the total spending on reproductive health, 7.9% was devoted to cervical and uterine cancer and breast cancer programs. Mean public expenditures on reproductive health per beneficiary were US$ 680.03, and differences between states were associated with differences in public health expenditures (r = 0.80; P < 0.001) and per capita GDP (r = 0.75; P < 0.0001). CONCLUSIONS: The health accounts method allowed us to estimate reproductive health expenditures in Mexico in 2003. Enhancing reproductive health actions and programs by basing expenditure assignments on evidence and focusing on least-favored populations is an ethical, human rights, and developmental imperative.

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OBJETIVOS: Caracterizar la situación y las tendencias regulatorias relacionadas con los medicamentos competidores en 14 países de América Latina y el Caribe. MÉTODOS: Entre julio de 2004 y abril de 2005 se colectó la información sobre las regulaciones y políticas nacionales que establecían o contenían la definición de medicamento genérico y de los términos asociados en 14 países de América Latina y el Caribe (Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela). Además, se recabó información sobre los incentivos para registrar y producir medicamentos competidores, la promoción del uso de la denominación común internacional (DCI), la regulación de los estudios de bioequivalencia y la sustitución de los medicamentos prescritos por alternativas de menor precio al público. RESULTADOS: Se observaron tres tendencias regulatorias: los países que favorecen la financiación de medicamentos competidores, la promoción extendida del uso de la DCI y no ponen restricciones a la sustitución de medicamentos innovadores por competidores (Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay); los que cuentan con un esquema orientado a la demostración de la equivalencia terapéutica, es decir, los países restringen la sustitución de los medicamentos originales mediante una lista de medicamentos competidores autorizados que deben prescribirse bajo su DCI y llevar rótulos distintivos (Brasil, México, Panamá y Venezuela); y los que se encuentran en una etapa incipiente de su proceso de regulación (Barbados, Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Perú). Esta variedad ocasiona dificultades en la caracterización de los mercados farmacéuticos y puede generar segmentaciones ficticias. CONCLUSIONES: Los esfuerzos de armonización deberán tomar en cuenta la posible relación entre las definiciones adoptadas por los países, el desarrollo de los mercados farmacéuticos nacionales y sus políticas de estímulo a la competencia.

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OBJECTIVES: To characterize current regulatory practices and trends relating to competing medications in 14 Latin American and Caribbean countries. METHODS: Between July 2004 and April 2005 we collected information on national regulations and policies that established or contained a definition of "generic drug" and related terms in 14 Latin American and Caribbean countries: Argentina, Barbados, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, and Venezuela. We also compiled information on the incentives to register and produce competing medications, promotion of the use of International Nonproprietary Names (INNs) for pharmaceutical substances, the regulation of bioequivalence studies, and the replacement of prescription medications with less expensive alternatives. RESULTS: We noted three patterns in the regulations: (1) countries that encourage financial support for competing medications, extensively promote the use of INNs, and place no restrictions on the replacement of innovative (proprietary) medications with competing products (Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, and Paraguay); (2) countries with policies aimed at showing therapeutic equivalence, which limits substitutions to approved products from a list of authorized competing medications that must be prescribed by their INN and must use distinctive labeling (Brazil, Mexico, Panama, and Venezuela); and (3) countries at a beginning stage in the process of regulation (Barbados, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, and Peru). This variety leads to difficulties in characterizing pharmaceutical markets, and can lead to misleading categorizations. CONCLUSIONS: Efforts to harmonize policies should consider the possible relationship among definitions adopted in different countries, the development of national pharmaceutical markets, and national policies to stimulate competition.

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OBJETIVOS: Investigar la prevalencia de trastornos mentales comunes en grupos con un alto porcentaje de familias desplazadas que viven en barrios marginales urbanos en Sincelejo (Sucre), Colombia. MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal con muestreo aleatorio bietápico por conglomerados en barrios considerados marginales de Sincelejo que contienen un alto porcentaje de población desplazada. Se realizó una encuesta domiciliaria para determinar la presencia de trastornos mentales comunes -trastornos psicosomáticos, ansiedad y depresión- en la población estudiada. Se fijó como valor discriminatorio para determinar la presencia de un trastorno mental común en personas de 18 años o más una puntuación de 7 en las 20 primeras preguntas del Cuestionario de declaración de síntomas (Self-Reporting Questionnaire, SRQ) de la Organización Mundial de la Salud. Se buscaron asociaciones entre las variables recogidas (grupo de edad, sexo, tipo de carné sanitario y tiempo de residencia en el barrio), y entre ellas y la puntuación obtenida en el SRQ. Se utilizó la prueba de ji al cuadrado, con un valor de significación estadística de 0,05, y se realizó una regresión logística con todas las variables relacionadas. RESULTADOS: Se encontró una prevalencia de 27,2% (intervalo de confianza de 95% [IC95%]: 24,0% a 30,0%) de trastornos mentales comunes en la población adulta de los barrios estudiados. En general, 13,6% (IC95%: 11,4% a 16,1%) de la población encuestada reconoció tener problemas de consumo excesivo de alcohol. Se encontró una asociación entre la prevalencia de trastornos mentales comunes y el tipo de carné usado para acceder a la atención de salud (razón de posibilidades [RP]: 1,66 para el carné de desplazado frente a cualquiera de los otros dos) y el sexo (RP: 1,78 para mujeres frente a hombres); dicha asociación persistió aun después del ajuste en función de las demás variables explicativas. CONCLUSIÓN: La prevalencia de trastornos mentales comunes en las poblaciones urbanas valoradas mostró una asociación estadística con el tipo de carné, del cual depende a su vez el acceso a los servicios públicos de salud. Dicha asociación es lo suficientemente alta para justificar la prestación de cuidados de salud mental a esta población. Aunque no se consiguió identificar adecuadamente la población desplazada en el grupo estudiado y, por tanto, medir en ella con el SRQ la prevalencia puntual de trastornos mentales comunes, los diferentes sistemas de acceso a la salud en Colombia, que contemplan un acceso determinado para los desplazados, parecen asociarse con la prevalencia de estos trastornos en barrios periféricos urbanos.

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OBJECTIVES: To investigate the prevalence of common mental disorders in groups with a high percentage of families who have been displaced by armed conflict and political instability and are living in urban slum areas on the outskirts of Sincelejo, a city in the department of Sucre, Colombia. METHODS: A cross-sectional study was conducted, with two-stage random cluster sampling, in slum neighborhoods of Sincelejo that contain a high percentage of displaced persons. A household survey of persons 18 years old or older was used to determine the presence of common mental disorders-psychosomatic disorders, anxiety, and depression-in the population studied. A score of 7 or more on the first 20 questions of the Self-Reporting Questionnaire (SRQ) of the World Health Organization was used to determine the presence of a common mental disorder. We searched for associations among the studied variables (age group, gender, type of health care card, and length of residence in the neighborhood) and among those variables and the score on the SRQ. The chi-square test was used, with statistical significance set at 0.05. Logistic regression was carried out with all the related variables. RESULTS: The prevalence of common mental disorders in the adult population of the neighborhoods studied was 27.2% (95% confidence interval (95% CI) = 24.0% to 30.0%); 13.6% (95% CI = 11.4% to 16.1%) of the population surveyed had problems with excessive alcohol consumption. There was an association between the prevalence of common mental disorders and the type of health care card used (odds ratio = 1.66 for persons using the health care card for displaced persons versus persons using other types of health care cards). In addition, there was an association between the prevalence of common mental disorders and gender (OR = 1.78 for women); this association remained after adjusting for other explanatory variables. CONCLUSIONS: Using the study criteria (type of health care card and length of time living in the slum area), it was difficult to separate the displaced persons from other persons living in the same slum areas, and thus to measure the prevalence of common mental disorders among just the displaced persons. The prevalence of common mental disorders in the urban population studied showed a statistical association with the type of health care card, which in turn determined the level of access to public health services. This association between the type of health care card held and the prevalence of common mental disorders is strong enough to justify providing mental health care services to persons who have the health care card for displaced persons.